Por Javier Lozano
No he podido encontrar otro tema que esté causando más irritación que el caso de Veracruz y su procuración de Justicia.
Es el tema más mediático; el punto de inflexión que nos hace recordar o, tal vez trasladarnos con mucha tristeza al México autoritario que, pese a la inocencia, se endurecía la postura con sus leyes e instituciones que debe ser, como en muchas partes, un ejemplo de responsabilidad y congruencia.
Esto no pasa en Veracruz: la crueldad muestra la rabia a un grado mayúsculo. De ahí que exista una lista numerosa de anomalías, atropellos y violaciones a los derechos humanos.
En la práctica esto es, sin duda, una regresión. Vivimos un anacronismo desde distintas posturas que no muestra límites para salvaguardar los derechos humanos.
Por esa razón, hemos mostrado nuestra solidaridad con los presos políticos en Veracruz.
Esa reacción o empatía la sentimos cuando seis jóvenes fueron acusados de ultraje a la autoridad. Un delito que está estipulado en la ley de Veracruz y que se ha insistido, representa una inconstitucionalidad porque se violan los derechos; asimismo, se presta para la fabricación al emplearse la rudeza.
Así pues, tratamos de contribuir sobre todo al exponer el vilipendio que viven cientos de presos políticos en aquella entidad. Por un momento pensamos que, esos tiempos, eran parte de un pasado que propicia recuerdos no gratos del maltrato de los autores que perpetraron tantos atropellos con uso sesgado de la ley.
De ahí que mostraremos nuestra preocupación. Hay un numeroso grupo de presos políticos que, ni siquiera, existe un expediente de pruebas más que especulación. Eso lo padece el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen.
De hecho, se comprobó que no existe una prueba sólida más que puras oídas, es decir, nada que pueda ser vinculante o irrefutable. Con ello, no sólo ponen en entredicho la veracidad, sino aniquilan el proyecto de transformación, sobre todo porque Cuitláhuac García es emanado de la expresión Obradorista.
A fin de cuentas, ese tipo de circunstancias daña o ensucia el esfuerzo que efectúa el presidente López Obrador. No podemos entender que todavía en estos tiempos donde la democracia da señales de avance, que exista éste patrón de acciones. La gravedad del asunto es, en términos reales, crítica.
Además de que se ha hecho público el espiral de atropellos, se abre la puerta al esquema reaccionario. Veracruz o, más bien, el poder judicial de aquella entidad camina por la lamentable toma de decisiones que evita, por todos los canales, tener una procuración justa y apegada a derecho.
En su afán de tener mano dura, el gobernador Cuitláhuac García parará a la historia como un verdugo de la democracia y, peor aún, al mostrarse intolerante él mismo se coloca en la lista de los políticos intransigentes, represivos y autoritarios.
He ahí la reacción de diversos colectivos sociales. Pero, quizá, llama más la atención la voluntad del Senado de la República comandado por Ricardo Monreal que ha decidido, por todas las vías, seguir insistiendo y no claudicar.
Justamente esa dinámica va cultivando frutos. Ya se creó una comisión especial para dar puntual seguimiento; asimismo, la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta moviliza una estrategia que busca alternativas no sólo para seguir denunciando los atropellos, sino para llegar a la justicia.
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