Por Javier Lozano

Desde meses atrás— se había denunciado la ignominia que nunca alcanzamos a distinguir o, mejor dicho, jamás hubo una justificación sólida para cientos de presos de la autoridad local de Veracruz— luego de someterlos, y colocarlos tras las rejas a un numeroso grupo de personas que, injustamente, fueron acusados del delito de ultraje.

Dentro de esa afrenta — lo vivieron en carne propia— seis jóvenes que, incluso, al no poner resistencia, fueron de todos modos señalados supuestamente de haber puesto en riesgo la vida de los agentes que aludieron a los adolescentes con mentiras y fabricaciones.

Eso se demostró con evidencias uno de los casos más mediáticos que, por supuesto, tuvo efectos negativos— como consecuencias que no pueden pasar desapercibidas porque estamos hablando de la salud física y emocional de seis jóvenes inocentes. Finalmente llegó la justicia para ellos: un juez federal concedió la libertad ya que, el reclamo social, alcanzó una condición sólida de protesta. De ahí tomó resonancia.

Hubo quienes nunca bajaron la guardia e insistieron en la política punitiva de justicia que estaba sosteniendo un impacto negativo, sobre todo porque se supone que en un gobierno emanado del proyecto de transformación, existe la pluralidad.

Sin embargo, esa intransigencia se puso al descubierto: el propio Gobernador de Veracruz justificó en su momento la situación, no obstante, fue la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos la que concluyó que los criterios eran excesivos y vulneraron los derechos de las personas. Asimismo, recomendó derogar ese delito al juzgarlo como un instrumento injusto.

Tuvo que pasar esa circunstancia, sumado a la postura personal de muchos actores políticos que empujaron el asunto— porque ya la situación exhibía, hasta cierto punto, una ingobernabilidad del gobierno de Veracruz—. El propio Cuitláhuac García se manifestó molesto ante los cuestionamientos de la prensa. Se mostró intolerante quizá por la inminente acción que ya podía olfatear que afirmaba que, muy pronto, el delito de ultraje tenía que ser sepultado.

De hecho, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la acción como inconstitucional por el delito de ultraje. Esa solución llegará muy pronto luego de que tenga resultado de declaratoria de invalidez— posteriormente— de que exista la notificación de sentencia. Y lo mejor de todo, con efectos retroactivos. Así, miles de presos tendrán la capacidad de solicitar el seguimiento de su caso.

Fue una victoria. El gobierno de Veracruz tendrá que acatar la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es, en otras palabras, un acto de equidad frente a los acontecimientos de arbitrariedad y extralimitación de funciones de autoridad. Por fin se abre una puerta de acceso para que cientos de presos puedan obtener su libertad, ante un delito que generó malestar y exacerbación. Por eso el reclamo. Ese fue motivo de lucha y perseverancia de quienes nunca quitaron el dedo del renglón.

Habrá justicia.

Quizá solo queda esperar sobre el caso de José Manuel del Río Virgen que, indudablemente, es un preso político del gobierno de Veracruz. Después de haberse desnudado la serie de anomalías e injusticias que se cometen en aquella entidad— no hay duda de que, detrás de todo, existe un sesgo que lo envió a prisión.

De otra manera no me explico una situación porque no hay prácticamente nada que acompañe un sólido testimonio, más que puras oídas y suposiciones que carecen de fundamento.

Esto puede ser una buena señal para que, muy pronto, el secretario técnico de la junta de coordinación política pueda seguir luchando e insistiendo en su inocencia.

Mientras eso pase, desde este espacio de opinión no podíamos soslayar la buena noticia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Finalmente, consideramos que es un triunfo colectivo. Puede verse a partir de esa perspectiva ya que muchos insistimos desde distintas trincheras y posiciones las agravantes que miles de personas padecen en Veracruz— cuando los poderes locales de aquella entidad— utilizan los instrumentos de procuración de justicia como una herramienta punitiva, pero también autoritaria.

¡Justicia!

Ese fue el grito que se escuchó por muchos rincones del país. Con alegría recibimos la noticia luego de que la propia SCJN emitió la determinación que podrá hacer valer el auténtico Estado de Derecho.