Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) coincidieron en señalar que hubo una ausencia del gobernador del estado, sin que se hayan realizado los procedimientos correspondientes para notificar dicha ausencia.
Irene Cerda Ramos, representante del PRD ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), explicó que la queja que se presentó por la ausencia del gobernador es porque al asistir a las campañas electorales de Aguascalientes y Quintana Roo no notificó su ausencia a los michoacanos, ni al Poder Ejecutivo, además del presumible uso de recursos públicos para tal fin.
“No se realizaron los procedimientos correspondientes de su ausencia; no se cuestiona ni se contraviene si el gobernador del estado tiene derechos políticos o no, estamos diciendo que el Gobernador se ausentó y que durante su ausencia el estado sufrió desaciertos y crisis social”, expresó Irene Cerda.
Y agregó: “No cumple con los requisitos establecidos para su ausencia, las y los michoacanos, ni el Congreso Local tuvieron de conocimiento que el gobernador del estado se ausentaría de sus funciones, al final de cuentas, los funcionarios públicos tienen que presentar un permiso”.
La queja presentada por el PRD ante el IEM señala: “El gobernador del estado salió de territorio michoacano para actividades de proselitismo-electoral, y no con la finalidad del mejor proveer para los ciudadanos de Michoacán dejando en total desamparo al estado toda vez que no dio aviso ni por si, ni mediante medios de comunicación de las actividades que realizaría con fines meramente electorales que no benefician en nada a las y los michoacanos”.
La otra queja, es relacionada al desvío de recursos públicos porque se utilizaron las plataformas digitales del gobierno estatal en asuntos partidistas, con lo que se viola el artículo 134 de la Constitución política de México.
Irene Cerda, pidió a las autoridades electorales que se haga una investigación exhaustiva de ambas quejas, pero también que se cumpla con los principios constitucionales de certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad y seguridad jurídica.
