Por Antonio Tenorio Adame
El presidente López Obrador tiene razón de considerar al Ejército como fuente de disciplina donde la Guardia Nacional ha de capacitarse. También confiesa que “cambió de opinión” de enviar al Ejército a sus cuarteles.
El problema debatido en el Congreso puso a prueba al sistema de gobierno que fue desbordado al no alcanzar a definir y abrir nuevas expectativas de control y solución dentro del régimen constitucional.
En ese entorno, el Presidente se confronta con su juramento manifestado al inicio de su mandato de “guardar y hacer guardar la constitución”, se refleja ante el dilema de su acatamiento o su transgresión, porque no es suficiente alcanzar su propósito de incorporar la Guardia Nacional al Ejército a través de cambios a las leyes secundarias cuando estas se contraponen a la Ley Suprema.
POR LA NEGATIVA
Las reformas aprobadas sumisamente por la mayoría en el Congreso son contrarias a la Constitución, a la vez muestra la intención del Presidente de mantener la legalidad debida.
Históricamente fue el ala renovadora o progresista de izquierda quien mantuvo apego y defensa de la Constitución, en la actualidad el conglomerado ideológico del bloque opositor levanta esas banderas, aunque la diferencia estriba en este caso en uso partidario predominante.
Anteriormente la LXIV Legislatura hizo cambios al artículo 108 constitucional, donde se establece que el Presidente no es responsable durante su mandato y se agregaron artículos con los que se puede enfrentar a la justicia por delitos electorales y corrupción, pero no menciona los ataques a la Constitución, como ahora ocurre, ¿Una prevención adivinada?
El sistema político se encuentra atrapado en el laberinto de sus contradicciones que lejos de aclarar se confunde cada vez más; en algún momento se tropezará con la realidad incontrovertible que ponga fin.
El pragmatismo político exhibe la desnudez de los acuerdos políticos forzados por medio de amenaza de aplicar sanciones un pasado de corrupción. El objetivo era doblegar al PRI, y la alianza “Vamos por México” se declara en “suspensión”, como antes se pronunció por la “moratoria” a las iniciativas presidenciales. La triple alianza se encuentra herida de muerte.
El Secretario de la Defensa ha comentado que: “la Defensa siempre pidió una legislación que permitiera a la Secretaría actuar dentro de la legalidad, no se procedió en consecuencia, por lo que al proceder ha ocasionado que se tengan detenidos gran número de miembros del Ejército. Aquí surge un problema grave y de gran amplitud que afecta a muchos de los soldados encarcelados.
He ahí un problema grave, se actúa por el Ejército de manera parcial, se castiga como faltas de disciplina y no como delitos penales, en lugar de que sean los jueces los que determinen las faltas, no como delitos para ser juzgados por actos de indisciplina y no como delitos, Increíble que aún persista el fuero militar.
En el Congreso ocurre también la desfiguración; la Cámara de Diputados se mantiene en la órbita de la mayoría que impide el debido proceso legislativo, mientras en el Senado se ejerce un relativo juego parlamentario derivado en el desliz del nombramiento del Presidencia de Mesa Directiva, con la fragmentación efímera de grupos parlamentarios en alineamientos momentáneos, llevan al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, a pasar la prueba de supervivencia al anticipar que va ejercer su “voto de conciencia”; una declaratoria de cambio en el parlamento mexicano que de alcanzar su práctica daría un vuelco la democracia parlamentaria.
POR LA AFIRMATIVA
El debate de la iniciativa de la Guardia Nacional lo ganó el Senado porque en su brega desde 1876 a la fecha era una instancia de reserva política estimada por la élite política como una “jubilación de oro”, el diputado Vicente Lombardo Toledano, de la XLVI Legislatura, se preguntaba “qué hacemos con el Senado” pidiendo su desaparición, y hoy sorprende cómo se desenvuelve un debate ante un partido hegemónico que muerde la tierra.
En principio se abrió una ronda de oradores que solicitaron la tribuna por la vía del “voto particular”, un recurso valioso para destacar el contenido que determina su decisión, éste fue utilizado por la oposición en más de un legislador del mismo partido con discursos centrados en la “inconstitucionalidad de la militarización”.
Después en la discusión en lo general fue la oposición la más vehemente y con mayor solidez de argumento, aunque esto no moviera ni siquiera “una coma del dictamen”.
De los “votos en particular” no se apartaron de sus acusaciones de “militarización” y “violación de la constitución”, por supuesto tienen valor fundamental, pero también se convierten escudo y ballesta partidista contra AMLO, quien está factor dominante junto con encuestas donde se apunta que más de dos terceras partes de entrevistados manifiestan a favor de subordinar a la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas”. No es suficiente.
Ahora se requiere conceptualizar históricamente la Guardia Nacional y determinar sus contenidos en la relación de poderes, ya que la primera se refiere a una instancia de seguridad pública bajo control de las entidades federales, por lo tanto, era una garantía del federalismo para evitar que los estados fueran víctimas del abuso de poder central. Así fue cuando surgió y derrotó al Ejército de Napoleón el 5 de mayo de 1862.
La conversión de la Policía Federal a Guardia Nacional desde sus inicios era un órgano militarizado, es decir la militarización del país proviene desde 2006 no se inicia ahora, refrendada en 2019 con López Obrador ya presidente, ahora la cuestión se vuelve más grave por afectar la constitución, aún se extiende hasta el 2008.
La falta de conceptualización geopolítica es definir qué clase de guerra se realiza, tampoco se sabe en qué consiste el “cambio de opinión” del Presidente, ¿posible sea más que un equívoco o un error?, se tiene que definir en que consiste combatir una guerra hibrida, o cuales son los alcances posibles de una acuerdo binacional con los Estados Unidos o supra institucional con las Naciones Unidas, para obtener garantías en el proceso de desarticulación de las causas y consecuencias de combates irregulares de una guerra de enemigo de rostro oculto, falta saber cuáles son las posibilidades de un embargo de armas en la frontera norte, o las implicaciones de regular el consumo de drogas por medio de someterlas como problema de salud,
Pero sobre todo fue un debate áspero y directo desde la oposición que tuvo su respuesta desde la mayoría, no obstante, el ataque no fue desarticulado e incluso dejó atrás la mayoría al ponerla “contra la pared”. Los oradores de la oposición lanzaron sus dardos:
-La senadora Lili Téllez no fue callada a pesar de ser señalada de “traidora”, “usurpadora” por haber dejado su origen en Morena, la réplica fue contundente al llamar “cómplices del narcotráfico” a sus colegas pro AMLO,
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– En el transcurso de la anterior intervención fue interrumpida por el senador de la mayoría Rubén Vasconcelos, quien la amenazó de demandarla penalmente por calumnias contra el Presidente, una amenaza procaz y dislocada en relación al fuero que ambos legisladores disponen;
-El senador Emilio Álvarez Icaza exhibió un video con el discurso de Mario Delgado en 2017 cuando era senador y reclamaba el regreso del ejército a sus cuarteles, cerró su intervención calificando de “narco estado autoritario”;
– Por su parte el senador Germán Martínez, quien al reclamar el control civil a los militares dividía su reconocimiento entre buenos e hijos de su “ching¡¡” como los que mataron a Madero, un debate en llamas más que revela el grado de enfrentamiento nacional.
– La Presidenta de la Comisión de Justicia, senadora Olga Cordero comentó el dictamen aclarando la responsabilidad de “no entregamos un cheque en blanco, sino estarán evaluando continuamente”. Un ofrecimiento de rutina de escaso convencimiento. |
La discusión de la iniciativa estuvo enmarcada por la polarización partidaria, el arrollamiento de aplanadora mayoritaria se contestó con el consenso “antiamlo” y la preparación de un recurso de inconstitucionalidad que será entregado a la Corte. El colofón previsto es la “judicialización” de la política.
PARA EFECTOS CONSTITUCIONALES
La votación registrada en el Senado es inédita, por supuesto favoreció a Morena con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención, este último del coordinador de la mayoría, el senador Ricardo Monreal, quien anunció que votaría a conciencia.
La lectura de este acontecimiento histórico gira en torno a quién define la votación en su grupo parlamentario, por otra parte, es un voto que evita el equívoco total, en especial cuando el Presidente admite el “cambio de opinión” y a su vez muestra su molestia al senador Monreal, quien de haber votado con la mayoría entonces cancelaría su oportunidad como candidato a la Presidencia de la Republica.
El voto de conciencia ya descrito por Constant como una expresión del libre albedrío del legislador marca una pauta superior del representante ante su fracción y partido para situarse entre los intereses de la Nación y los del individuo.
El “voto de conciencia”, si llegara a ser una expresión común corre el riesgo de afectar la disciplina partidaria y el control de las burocracias sobre el Congreso. Aunque lo que ocurre es una “guerra verbal” que encubre los intereses personalísimos de los actores en una realidad política carente de legitimidad con el fin de presentarla como otro “corpus juris”.
Tanto la mayoría como su oposición se hunden en el pantano de la simulación.
