Por Antonio TENORIO ADAME
El presidente López Obrador quiere mantener al Ejército operando en la seguridad pública hasta 2028, al promover la iniciativa del PRI, la cual fue aprobada por diputados y frenada por senadores.
A la acción de estos senadores que se oponen la tachó de “perturbación política y politiquería”. Así, ante el posible entorpecimiento propone una consulta preparada sin INE y realizada por Gobernación.
POR LA NEGATIVA
El dilema de otorgar seguridad pública al someter al crimen organizado con más ejército, o mantener inalterado el texto constitución, ambas premisas son excluyentes. Por eso el Presidente manifiesta “no vamos a violar la constitución sino se aprueba la iniciativa, el Ejército regresar´ a los cuarteles”.
Sin embargo, se trata de una decisión condicionada a que se apruebe por el Congreso o por la via de la consulta sin ser vinculatoria, también se puede enfrentar la crisis de seguridad actual acudiendo a otra estrategia, basada en la investigación, prevención y acción de cuerpos de seguridad sin mezclarse con el posible contagio de la corrupción tan susceptible de propagar en el combate al narcotráfico.
Ante todo, se requiere cambiar de estrategia, o reformar la Constitución, así evitar una contradicción de legitimidad. ¨Para mayor claridad es necesaria la definición qué clase de enemigo se combate, cómo sería el caso de concebirlo como cuerpos armados de ocupación al servicio de fuerzas externas; otros enfoques existen en su entorno, como el de legisladores o dentro del propio ejército.
El comandante del Ejército, general Crescencio Sandoval, en el discurso oficial de la ceremonia del 13 de septiembre del 2022, señaló que los “comentarios tendenciosos” buscan alejar al pueblo de las Fuerzas Armadas.
En esa precisa mañana, en la ciudad de Chilpancingo estudiantes de Ayotzinapa lanzaban piedras al Cuartel de la 35 Zona militar reclamando la ejecución de 83 órdenes de aprehensión de presuntos implicados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; días antes ocurrió algo similar en la población de Arcelia, donde se manifestó el repudio a los militares por su presunta participación en los hechos criminales de la noche de Iguala.
El 23 de septiembre, después de una marcha de protesta, los normalistas de Ayotzinapa acudieron al Campo militar número uno, a repudiar la “cohabitación de militares” con los criminales, lanzando toda clase de proyectiles y petardos detonantes al interior de la instalación. Hecho inusitado que no se respondió directamente sino con la acción de la policía local usando para dispersarlos un carro tanque lanza agua.
La carrera entre difundir la razón y verdad de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos y la implementación de la Guardia Nacional al Ejército involucrado en la desaparición y ejecución de seis estudiantes, la detención de un General y cuatro subordinados, así como la ampliación de éste en labores de seguridad pública, es la verdadera paradoja que domina la voluntad presidencial; al parecer prevalecerá la segunda. El desiderátum que priva es entre apoyar los derechos humanos de los desaparecidos o aumentar presencia del Ejército.
Es cierto que la opinión pública se pliega a la presencia militar, como prueban las encuestas en alrededor de las dos terceras partes de la población, lo que sin duda expresa el estado de temor y desesperación de la población ante el temor de fuerzas criminales sin control. Por otra parte, no obstante, las facultades presidenciales se encuentran acotadas por la Constitución General, donde se establece que la seguridad pública y la Guardia Nacional son órganos civiles no militares.
POR LA AFIRMATIVA
Se percibe una suerte de Estado de excepción cuando la Constitución es relevada de su aplicación, para lo que se requiere la declaración del Congreso, como define el artículo 29 de la Constitución, siempre que se definan objetivos y temporalidad con lo que entra en contradicción con la permanencia de patrullar calles por 10 años más, fuera de cuarteles, la iniciativa de la alianza del Primor, de la diputada Cristina Ruíz.
De tal suerte que la tendencia a fortalecer la presencia de más ejército da la percepción de poner en práctica una especie de fuero militar, como el preponderante durante largo tiempo antes de la Constitución de 1917, precisamente durante el Congreso constituyente se dio su debate.
La intervención del diputado guanajuatense Hilario Medina, expresado en tribuna el 10 de enero de 1917, es ilustrativo de los antecedentes del militarismo imperante en nuestro México independiente.
El diputado Medina de inició dijo que la la revolución tenía como principio acabar con el “militarismo”. Con juicio crítico rechazaba la parte del dictamen de la Comisión donde señalaba que implicar el Ejército es el sostén de nuestras instituciones, decía; “esto es falso” porque implica de un gobierno fuerte, y se pregunta: “¿Es un Gobierno que tiene Ejército? No, señores, ni el Ejército, ni los llamados Gobiernos fuertes son para sostener las instituciones. Las instituciones sociales no tienen más sostén, cuando son orgánicas, que los mismos ciudadanos. (Aplausos.); y añade, según su propio criterio, que “el día que las instituciones sociales necesiten de un Ejército para defenderse, serán seguramente perjudiciales al Gobierno.
El Gobierno fuerte no es el Gobierno militar precisamente; el Gobierno fuerte es el poder civil, porque las sociedades civiles, si se quiere llamárseles organismos civiles, no deben ser un convento ni un cuartel.
En México, el militarismo, a nadie se le oculta, ha sido uno de los azotes que más nos han hecho sufrir. I
Por otra parte, el fuero es una supervivencia en nuestras instituciones, el cual ha sido fortificado por los’ intereses de aquellas clases precisamente interesadas en la subsistencia de ese mismo fuero.
” Se ha hecho aquí la objeción de que los tribunales del fuero común están muy gastados y muy maleados; es cierto, pues este padecimiento siempre ha sido general en la República, pero nuestros propósitos deben ser fortificar el establecimiento de una buena administración de justicia.
La última consideración del diputado Medina es en torno a que la mayoría apruebe el dictamen; en tal virtud, advierte “de la buena intención de algunos diputados atacando la existencia del fuero como siendo una institución retrógrada … que no se compadece con nuestro estado actual de civilización; que dejemos eso como un legado para los que deban venir después, para los que vuelvan a tomar la idea y la aprovechen, y si pueden laborar en mejores condiciones que las nuestras, se deseche de una vez el fuero de guerra, porque es conveniente que en nuestra Constitución no haya tribunales especiales ni privilegios de ningún género.
PARA EFECTOS CONSTITUCIONALES
La visión del diputado constituyente, Hilario Medina es actual, sin que exista el fuero de guerra de entonces. En cambio, si los delitos llamados de “disciplina” sancionados por tribunales propios, que protegen (¿?) a sus miembros en intocables, cuando son inculpados de presuntos delitos del orden común.
De ahí se deriva la pregunta. ¿Cuál justicia se aplicará a la Guardia Nacional incorporada al Ejército, la de los tribunales militares o civiles?
