Integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se sumarán a esta Caravana en defensa de la Democracia, que iniciará este domingo a las 10:00 horas, partiendo de la plaza Morelos, para llegar a Charo, y que será encabezada por el ex gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo.
De acuerdo con la logística, la Caravana estará recorriendo municipios y comunidades del Oriente, como Indaparapeo,Queréndaro, Zinapécuaro, Maravatío, Tlalpujahua, así como municipios del Estado de México, con la idea de hacer una gran concentración en el Monumento a la Revolución el día 25 de febrero, y posteriormente, el 26 de febrero integrarse a la marcha ciudadana en defensa de la democracia y contra el autoritarismo.
El Presidente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, destacó que con estas acciones se pretende concientizar a la ciudadanía respecto a las afectaciones que tendría el Plan B, del presidente de la República, que contiene una serie de reformas regresivas, y que ha sido impugnado, por lo que será discutido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De aprobarse y entrar en vigor ese Plan B, sería un grave retroceso, un perjuicio para la democracia en nuestro país, hay riesgo de que el listado nominal lo vuelva a concentrar el gobierno como se hacía antes, que se puedan difundir acciones de gobierno en tiempos de campaña, se terminaría la fiscalización en procesos electorales, explicó Ocampo.
Me parece, – agregó Ocampo-, “que se intenta regresar al pasado, con el Plan B es retonar al viejo régimen cuando el gobierno controlaba las elecciones, y eso es grave porque se vulneran nuestros derechos, no habría transparencia ni equidad en los procesos electorales”.
A esta Caravana en defensa de la Democracia, las libertades y en contra del autoritarismo, se estará sumando la familia perredista, así como representantes populares emanados del PRD, aunque, la invitación es abierta a la ciudadanía para alzar la voz en contra del autoritarismo.
Otras afectaciones que traería el Plan B, es en materia de igualdad de género y no discriminación pues se reduce de 50 a 25 fórmulas de candidaturas que incluyen personas indígenas, migrantes, residentes en el extranjero, con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual; se restringe la posibilidad de la fiscalización, se impide que el órgano electoral cancele candidaturas a quienes no transparenten los gastos.
Se pone en riesgo un padrón confiable, así como la organización de los procesos electorales y la información confidencial de un proceso, corre el riesgo de que sea controlado por el gobierno, y demás aspectos que vulneran la democracia.
