- Llamado al gobernador a cesar los actos de despojo
- Hoy son moneda de cambio y control político
- La CRT, sostuvo el servicio cuando el gobierno se lavó las manos
Lideres integrantes de la Comisión Reguladora de Transporte que encabeza el dirigente estatal, José Trinidad Martínez Pasalagua, lamentaron que las concesiones de transporte público, se hayan convertido en pago para quienes apoyan la campaña de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán, Gladys Butanda Macías.
Al respecto, en la reunión de este lunes, los líderes transportistas emitieron un llamado al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para que ponga un freno a los actos de despojo administrativo en contra de los concesionarios, a que respete la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y, a abrir mesas de trabajo para la reconstrucción económica del transporte concesionado que aún padece las secuelas de la pandemia por el COVID-19.
Se trata de un despojo puntualizó Martínez Pasalagua porque el gobierno del estado, lejos de ofrecer alternativas o programas de recuperación, pretende despojar a los concesionarios de sus títulos de concesión, amparándose en un acuerdo administrativo publicado el 10 de septiembre de 2025, firmado por la Directora del Instituto del Transporte, María Elena Huerta Moctezuma.
Dicho acuerdo explicó, permite la “reactivación y reasignación de concesiones” de forma discrecional, sin respetar los derechos de audiencia ni las condiciones económicas de quienes actualmente son titulares legítimos.
Es decir, el gobierno intenta reasignar concesiones a terceros bajo el argumento de “interés público”, cuando en realidad los concesionarios no han sido escuchados ni convocados para explicar las causas de su situación económica o la pérdida temporal de sus unidades y lo más grave es que este instrumento legal se está utilizando como herramienta de control político.
Informó que, de acuerdo con denuncias recibidas por miembros de la CRT, se están prometiendo concesiones en los municipios como recompensa a quienes apoyen la campaña política de la secretaria de Movilidad, Gladyz Butanda.
Así dijo, un derecho administrativo y social, conquistado durante años de servicio, se convierte en moneda de cambio electoral, en un pago político disfrazado de reactivación del transporte.
Martínez Pasalagua, recordó que durante los años más difíciles de la pandemia por COVID-19, el transporte público concesionado de Michoacán fue uno de los pocos sectores que no interrumpió la prestación del servicio, a pesar de enfrentar una de las peores crisis económicas de su historia.
Mientras las calles quedaban vacías, los concesionarios mantuvieron las unidades circulando sin ganancias, con ingresos insuficientes incluso para cubrir combustible, mantenimiento o salarios de los operadores, lamentó al señalar que en tanto, el gobierno del estado “se lavaba las manos”.
Sin apoyos ni subsidios, los transportistas sostuvieron el servicio público por compromiso social, para garantizar la movilidad de médicos, enfermeras, trabajadores esenciales y ciudadanos que seguían desplazándose diariamente dijo al señalar que hoy, “nos dan un golpe silencioso al patrimonio del concesionario.
Refirió que la crisis derivada de la pandemia, provocó que muchos concesionarios perdieran sus unidades, ya que al no poder seguir pagando créditos o arrendamientos, los vehículos fueron recogidos por las financieras o empresas proveedoras.
Otros, en su intento por resistir, alargaron los periodos de mantenimiento, ocasionando un fuerte deterioro mecánico en las unidades y aun así, las rutas no se detuvieron. Fueron los propios concesionarios quienes con esfuerzo, endeudamiento y sacrificio, mantuvieron la movilidad del estado.
Sin embargo precisó, el costo humano y económico fue devastador: la mayoría de los operadores abandonaron el servicio para buscar otras alternativas de vida ante los bajos ingresos, dejando vacantes miles de empleos en el sector.
Hoy, las rutas continúan funcionando con grandes carencias y en muchos casos con el mínimo indispensable de unidades, sostenidas únicamente por los mismos concesionarios que durante la pandemia evitaron el colapso total del sistema.
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