- Yo seguiré dando la cara, porque perder un puesto de trabajo, puede ser una represalia; pero perder el derecho a decir la verdad sería permitir que el miedo nos gobierne
- Y yo no tengo miedo, nos veremos en los tribunales… y en la Fiscalía, les dice Yesenia Méndez Rodríguez
El día de hoy, por parte de la Secretaría de Administración del H. Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, se me notificó de manera verbal mi despido, decisión que considero violatoria de mis derechos laborales, toda vez que ingresé a trabajar a la administración municipal desde el año 2017 y cuento con base laboral desde el 2021.
No puedo dejar de señalar que este despido ocurre después de que decidí ejercer mi derecho a decir lo que sé y a ampliar mi declaración ante la Fiscalía, en relación con mi vínculo laboral con el C. Samuel García Rivero, y solicitar que se esclarezcan las circunstancias de su relación, tanto laboral como personal, con la actual Presidenta Municipal, Grecia Quiroz García.
Mi declaración no constituye una sentencia ni pretende sustituir el trabajo de la autoridad. Es un señalamiento realizado ante la Fiscalía para que sea investigado y esclarecido conforme a derecho.
Por ello, resulta legítimo preguntar: ¿por qué, una vez que Grecia Quiroz García asumió la Presidencia Municipal, Samuel García Rivero volvió a ocupar un cargo dentro del Ayuntamiento, específicamente como Director de Protocolo, y por qué recibió consideraciones que deben ser explicadas públicamente? Entre ellas, un salario de 70 mil pesos mensuales, cantidad que consta en recibos de nómina y que lo colocó, en ese momento, entre los funcionarios municipales con mayor remuneración.
Todo esto puede y debe ser esclarecido con documentos y por las autoridades correspondientes, no mediante discursos ni descalificaciones. La propia Presidenta Municipal, en su momento, habló públicamente de haber sido separada por una administración anterior por levantar la voz y defender sus convicciones.
Hoy me pregunto: ¿qué cambió?
¿Ahora levantar la voz, hacer señalamientos ante la autoridad y decir lo que una persona conoce dentro de la administración es motivo suficiente para perder el trabajo?
Porque mi despido ocurre después de que hice un señalamiento ante la Fiscalía y con elementos documentales. Y hay algo todavía más grave: muchas de las circunstancias que hoy se discuten son conocidas dentro de la propia administración. Algunos guardan silencio por miedo; otros, quizá, por conveniencia. Yo decidí no callar.
Entonces pregunto:
¿Dónde está el legado de Carlos Manzo que tanto se pronuncia?
¿Acaso se está terminando por reproducir aquello contra lo que se decía luchar?
¿Ya no se tolera la crítica?
¿Ya no se toleran los señalamientos cuando están dirigidos a quienes ejercen el poder?
¿Mi despido tiene un trasfondo político?
Y, sobre todo:
¿Una investigación de carácter criminal debe convertirse en una guerra de narrativas, en lugar de una búsqueda de pruebas?
Una investigación de esta naturaleza no puede resolverse con entrevistas, etiquetas de “guerra sucia” ni campañas de opinión. Se tiene que resolver con pruebas. Yo no estoy pidiendo privilegios. Estoy pidiendo que se investigue.
No estoy condenando a nadie. Estoy exigiendo que la autoridad determine la verdad.
Y tampoco voy a permitir que mi despido sea utilizado para intimidarme o para hacerme guardar silencio.
Porque el asesinato de Carlos Manzo no se resolverá protegiendo a nadie ni atacando a quienes hablan.
Se resolverá con verdad, con investigación y con pruebas.
Aquí nadie debería estar blindado.
Ni Grecia Quiroz.
Ni sus adversarios.
Ni los medios.
Ni los poderosos.
Tampoco quienes hoy pretenden callarme mediante un despido.
Yo seguiré dando la cara.
Porque perder un puesto de trabajo puede ser una represalia.
Perder el derecho a decir la verdad sería permitir que el miedo nos gobierne.
Y yo no tengo miedo, Nos veremos en los tribunales… y en la Fiscalía.
#EntregaElCelular
#JusticiaParaCarlosManzo
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