Con la entrada en vigor de la reforma al Código Penal para el combate de la extorsión en Michoacán, las denuncias aumentaron 221 por ciento durante el semestre del año en comparación con 2022.
El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, informó que de enero a junio de 2022 se registraron 32 denuncias, mientras que en ese mismo periodo de 2023 la cifra aumentó a 103, producto de la confianza de la población en las instituciones y en el nuevo marco legal que protege a las víctimas y es más rígido con los agresores.
Precisó que en junio de 2022 hubo siete carpetas de investigación sobre este delito en la Fiscalía General del Estado (FGE), sin embargo, en junio de 2023, el número fue de 30 casos, lo que significa un incremento de más del 300 por ciento.
Torres Piña apuntó que esta acción, impulsada por el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla, pone a Michoacán a la vanguardia y deja un precedente para la Ley General Antiextorsión en México.
“La extorsión ahora se equipara al delito de secuestro, con penas máximas que pasaron de 12 a 25 años de prisión, además que se persigue de oficio cuando afecta a las actividades económicas o productivas, es decir, no requiere denuncia”, apuntó.
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