A través de diversas dependencias y entidades de la administración pública estatal hemos estado muy al pendiente de las necesidades de las víctimas del 15 de septiembre de 2008, manifestó la subsecretaria de Derechos Humanos y Población, Elvia Higuera Pérez.
A vísperas de cumplirse 15 años del atentado en contra de la población civil durante la celebración del Grito de Independencia, destacó que el Gobierno del Estado ha cumplido en tiempo y forma con los apoyos destinados para que las víctimas y sus familias puedan llevar una vida digna.
Informó que, del año 2010 a la fecha, la administración estatal ha erogado más de 53 millones de pesos, tan solo por conceptos de pensiones, que, de acuerdo el grado de impacto o afectación en las víctimas, oscilan de los 12 mil 400 a los 49 mil 700 pesos mensuales.
Dijo que es interés y compromiso del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, continuar con estos apoyos y en su caso, mejorar la atención que se les brinda, a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, en lo que respecta al acompañamiento jurídico o asesorías para cuestiones personales o familiares, adicionalmente a las facilidades que se les han brindado en materia de vivienda, salud y proyectos productivos.
“Para el Gobierno de Michoacán es un tema prioritario darles acompañamiento y estar atentos para transitar conjuntamente en la atención a las necesidades que se van presentando”, finalizó.
Por su parte, el comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, Josué Alfonso Mejía Pineda, dijo que ha sido un gran logro de la presente administración, generar una apertura en la atención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal pues ahora existe reconocimiento por parte de esta instancia sobre estos hechos, lo que ha permitido comenzar con las reparaciones y las compensaciones correspondientes.
“El año pasado se hizo una solicitud para la reapertura de este caso y después de muchas gestiones, hemos tenido un encuentro con la Fiscalía General de la República para hacer un análisis puntual, de manera jurídica, para ver cómo será el mecanismo de acción”, apuntó.
Para finalizar, dijo que, de parte del mandatario estatal y del secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, existe el interés y el compromiso moral, aun cuando este caso es de competencia federal, de impulsar estos actos de investigación para conocer los hechos y buscar la justicia.
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