– Se congratuló por la determinación tomada por el Pleno camaral de aprobar la reforma que presentó para modificar la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores, y así ampliar el espectro de atención y protección en Michoacán a este sector de la población
Debemos evitar que los adultos mayores no deseen acudir a los servicios institucionalizados debido a experiencias negativas con el personal o a espacios no adecuados, lo que obstaculiza el ejercicio de sus derechos humanos, recalcó el diputado Víctor Manríquez González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
El diputado se congratuló por la determinación tomada por el Pleno camaral de aprobar la reforma que presentó para modificar la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores, y así ampliar el espectro de atención y protección en Michoacán a este sector de la población.
“No debemos ser indiferentes ante el grave problema de maltrato que enfrentan muchas veces nuestros adultos mayores, el cual es un acto único o repetido que causa daño y sufrimiento a una persona de edad, sin obviar además que persiste la falta de medidas apropiadas para evitarlo”.
Víctor Manríquez recalcó que las tasas de maltrato a los adultos mayores son altas en instituciones como Residencias de Ancianos y Centros de Atención de Larga Duración, tanto que, se estima que dos de cada tres trabajadores incurren en malos tratos.
“Por ello era importante concretar esta reforma que hoy ya es ley en Michoacán, porque no podemos obviar la importancia de atender a este sector de la población que cada día va en aumento”.
Agregó que el maltrato a los adultos mayores en cualquiera de sus modalidades tiene repercusiones negativas a nivel personal tanto físico como emocional.
“Con esta reforma generamos mayores mecanismos de protección hacia los adultos mayores contra los diferentes tipos de violencia a los que puedan ser sujetos, como lo es la violencia institucional y que se ejerce por agentes del estado al manifestarse a través de prácticas institucionales como privaciones y descuidos, sin asumir la responsabilidad encomendada y abusando de la autoridad que ejercen sobre el adulto mayor”.
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