-Refirió que los obstáculos institucionales y las actitudes sociales agrandan la vulnerabilidad de las personas desplazadas con discapacidad frente a la violencia y la explotación en su trayecto
El desplazamiento forzado tiene su rostro más duro en las personas con discapacidad, quienes no solo enfrentan obstáculos adicionales al huir del peligro, sino que deben superar varios impedimentos para construir una nueva vida en los lugares de acogida, recalcó el diputado Víctor Zurita Ortiz, presidente de la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, apuntó que los obstáculos institucionales y las actitudes sociales agrandan la vulnerabilidad de las personas desplazadas con discapacidad frente a la violencia y la explotación en su trayecto, así como las dificultades en el acceso a procedimientos de asilo, educación, atención médica y tratamiento especializado en los países de acogida.
Recordó que la ONU a través de su agencia para los Refugiados, junto con RIADIS, una organización socia que lucha por las personas con discapacidad en América Latina, han diagnosticado el fenómeno del desplazamiento forzado en personas con discapacidad, evidenciando un panorama desolador.
“El informe muestra como las personas refugiadas, desplazadas y migrantes con discapacidad experimentan alta incertidumbre al dejar su lugar de origen, además de que, durante el trayecto experimentan la desprotección ante la exposición de riesgos y violencias, barreras de accesibilidad a la información y comunicación, y falta de asistencia humanitaria acorde con sus necesidades específicas”.
Víctor Zurita refirió que a lo anterior se suma el que, al llegar al lugar de acogida, las personas con discapacidad experimentan otras barreras como la precarización laboral, la discriminación por su origen y discapacidad, barreras para el acceso a procedimientos de asilo y protección, así como a la justicia y otras acciones de protección, barreras institucionales y legales en relación con su permanencia regular, así como el reconocimiento jurídico de la discapacidad, que a su vez impacta en el acceso a la salud, la rehabilitación, la educación, y a la protección social.
“Es importante que las acciones y políticas públicas encaminadas a la atención del fenómeno del desplazamiento, tengan una mirada particular sobre las personas con discapacidad, pues las expectativas de futuro para ellas, se ven sumamente limitadas por su doble condición de vulnerabilidad”, recalcó.
