Familiares de trabajadores fallecidos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo denunciaron públicamente el incumplimiento prolongado de pagos establecidos en la ley y en el contrato colectivo de trabajo, obligaciones que —según señalaron— llevan años sin resolverse. Las y los afectados aseguran que, pese a contar con oficios de autorización y documentos emitidos por la propia institución, la administración universitaria no ha liberado recursos correspondientes a prestaciones y seguros de vida.
Durante su pronunciamiento, los familiares explicaron que las prestaciones reclamadas se encuentran respaldadas en diversas cláusulas del contrato colectivo, pero la autoridad universitaria no ha dado respuesta ni ha cumplido con los plazos legales, que establecen que el seguro de vida debe cubrirse en 15 días y el pago de marcha en siete. En varios casos, los expedientes permanecen congelados desde 2018.
Las personas afectadas lamentaron que, a pesar de múltiples trámites, oficios entregados y solicitudes formales, no se les ha dado una solución. Señalaron que la rectoría únicamente los remite a funcionarios sin ofrecer fechas claras, y que incluso a algunos beneficiarios se les ha dicho que regresen “en dos años”. También denunciaron que, desde Tesorería, se les informó que la cuenta desde la cual se realizan estos pagos permanece bloqueada por instrucción de la máxima autoridad universitaria.
A este panorama, agregaron consecuencias humanas y económicas: familias en duelo permanente, adultos mayores enfermos que dependen de estos recursos y casos en los que beneficiarios fallecieron sin poder costear tratamientos médicos. “Los recursos que reclamamos fueron generados por nuestros familiares; retenerlos es re-victimizarnos”, expresaron.
Entre los testimonios, se expuso el caso de docentes y trabajadores con décadas de servicio, fundadores de escuelas y programas universitarios, cuyos beneficiarios siguen esperando pagos autorizados desde hace años. También se cuestionó que la rectora intente deslindarse de responsabilidades atribuyendo la deuda a administraciones anteriores, cuando —señalaron— la obligación corresponde a la institución y tiene continuidad jurídica.
Actualmente, el grupo ha identificado 33 expedientes activos, aunque estiman que la cifra real podría superar las 150 personas, lo que implicaría una deuda aproximada de 130 millones de pesos. En promedio, cada familia debería recibir entre 300 mil y 500 mil pesos, dependiendo de la categoría laboral del trabajador fallecido.
Los familiares hicieron un llamado a la rectoría, al Gobierno del Estado y a las autoridades federales para que reconozcan públicamente la deuda y establezcan un calendario de pagos verificable. También exhortaron a la comunidad universitaria y a los sindicatos a no ignorar la situación, recordando que cualquier trabajador podría dejar en vulnerabilidad a su familia si este problema no se soluciona.
Aseguraron que no pertenecen a ningún partido político y que su exigencia es estrictamente de justicia laboral. Finalizaron afirmando que continuarán organizados hasta obtener respuesta real y no promesas postergadas.
Fotos: Félix Madrigal / ACG.
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