- Destacó el encuentro sostenido este lunes con titular de la CEEAV en la que pudieron conocer a detalle de la labor que realiza y de la necesidad de dotarlo de mayores recursos para el cumplimiento de lo que le mandata la norma.
El interés por las víctimas de delito en Michoacán como en México, debe verse reflejado en el presupuesto que se destina a las instituciones y organismos encargados de su atención, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada por el Distrito de Puruándiro, destacó el encuentro sostenido este lunes entre las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Congreso, con Josué Mejía Pineda, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en la que pudieron conocer a detalle de la importante labor que realiza este organismo y de la necesidad de dotarlo de mayores recursos para el cumplimiento de lo que le mandata la norma.
“Sin duda los números reflejan la necesidad de rectificar el camino, pues es inconcebible que para mantener a quienes están recluidos en los penales del estado por haber cometido un delito se destinen más de mil millones de pesos al año, mientras que para las víctimas, a través de la Comisión encargada de su atención, el dinero no llegue ni a 50 millones”.
Julieta Gallardo recalcó que socialmente existe una ruta histórica para el reconocimiento de las víctimas, pero es necesario que el andamiaje institucional, en donde los Poderes del Estado están incluidos, las visibilicen a plenitud y generen las condiciones necesarias para su atención.
“En el caso de Michoacán, es urgente que el Poder Judicial aporte la parte que le corresponde al Fondo de Ayuda para las Víctimas, pues los recursos con que cuenta actualmente resultan muy insuficientes”.
La diputada local subrayó que desde el Poder Legislativo también corresponde a las y los diputados hacer su parte, no sólo fortaleciendo el techo presupuestal de la Comisión, sino también en una revisión profunda de la legislación, de manera que ésta genere mayor eficacia para la atención y defensa de derechos de las víctimas de delito en la entidad.
