- Desviar la atención de las irregularidades se ha convertido en hábito
- Las pruebas de entrega de concesiones ya las tiene
La entrega irregular de las concesiones de servicio de transporte público, no tiene ninguna relación con afiliaciones políticas o disputas partidistas, se trata de un tema estrictamente legal y administrativo en el que la normatividad vigente debe ser respetada sin excepción.
Así lo señalaron dirigentes estatales de la Comisión Reguladora de Transporte (CRT) que lidera, José Trinidad Martínez Pasalagua durante la reunión mensual que sostuvieron la tarde noche de ayer y donde fueron analizadas las declaraciones del ex Director del Instituto del Transporte en Michoacán, hoy dirigente de Morena, Jesús Antonio Mora González en el sentido de su exigencia de que se presenten pruebas de haber entregado concesiones fuera de la ley.
En este sentido señalaron que, desviar la atención de las irregularidades en el sector, se ha convertido en un hábito de la actual administración porque precisaron que, las pruebas que exige el hoy dirigente de Morena, ya fueron presentadas en la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado y añadieron que, Mora González conoce a la perfección que la entidad enfrenta una sobresaturación de este servicio público y ejemplificaron lo que se vive al respecto en los municipios como Uruapan, San Juan Nuevo Parangaricutiro, Nahuatzen y Arantepacua.
Y recordaron que en el último trimestre de 2023, el propio gobierno estatal publicó un estudio de oferta y demanda del transporte público, en el cual se determinó que “no debía otorgarse ninguna concesión adicional debido a la sobreoferta existente” situación que quedó clara, dijeron.
Por lo tanto añadieron, si durante su gestión como titular del Instituto en mención se entregaron concesiones fuera del marco legal, es una cuestión de responsabilidad administrativa y jurídica, no de afiliaciones ni de simpatías políticas y precisaron “es la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado, la instancia encargada de sancionar irregularidades cometidas por funcionarios públicos, no por ciudadanos”.
Para cerrar la reunión, destacaron que la defensa del transporte concesionado en Michoacán, no responde a intereses personales ni políticos, sino a la necesidad de garantizar en la prestación del servicio, el orden, la legalidad y el desarrollo del sector.
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