La salud mental es un derecho humano fundamental, muy sensible en tiempos de violencia extrema, de gobiernos omisos y de sensibilidad de la población ante este tema.
Según la ONU en nuestra condición de seres humanos, nuestra salud y la de nuestros seres queridos es un asunto de preocupación cotidiana. Cualesquiera que sean nuestra edad, género o antecedentes étnicos y socioeconómicos, consideramos que la salud es nuestro bien más básico y fundamental.
Por otra parte, un mal estado de salud nos puede privar de asistir a la escuela o al trabajo, de cumplir con nuestras responsabilidades familiares o de participar plenamente en actividades comunitarias. Asimismo, estaríamos dispuestos a realizar numerosos sacrificios, si estos nos garantizaran que nosotros y nuestras familias vamos a vivir una vida más larga y saludable.
En un informe sobre el derecho a la salud mental el experto de las Naciones Unidas en materia de derecho a la salud, el Sr. Dainius Pūras, señaló que, a pesar de que es evidente que no puede haber salud sin salud mental, en ningún lugar del mundo la salud mental se encuentra en plano de igualdad con la salud física, en términos de presupuesto o educación y práctica médicas, con abusos psiquiátricos en distintos niveles.
En su informe, el Sr. Pūras menciona los cálculos realizados por la OMS desde 2014 que indican que, en el mundo entero, sólo el 7 por ciento de los presupuestos sanitarios se destinan a asuntos de salud mental. Además, el experto pone de relieve el hecho de que en los países de bajos ingresos se gastan menos de dos dólares estadounidenses al año en salud mental. ¿Por qué se presta tan poca atención al cuidado de la salud mental cuando una de cada cuatro personas se verá afectada por algún padecimiento de ese tipo a lo largo de su vida? Tal vez la respuesta pueda encontrarse en la persistencia de la estigmatización, los abusos y la discriminación.
Según un informe elaborado por la Oficina del ACNUDH, las personas aquejadas de padecimientos mentales y las que padecen discapacidad psicosocial sufren también tasas desproporcionadas de mala salud física y tienen una esperanza de vida inferior -20 años menos los hombres y 15 años menos las mujeres- a la del conjunto de la población. La estigmatización constituye también un factor decisivo en la calidad de los cuidados y el acceso a toda la gama de servicios que necesitan.
El acceso limitado o interrumpido a los servicios educativos reduce las oportunidades de que las personas con padecimientos mentales o discapacidades psicosociales puedan obtener un empleo remunerado, lo que a su vez perpetúa la desigualdad social.
Hay formas de discriminación múltiples e interrelacionadas que siguen estorbando a las personas con discapacidades pertenecientes a minorías étnicas o raciales la posibilidad de hacer realidad su derecho a la salud mental.
También existe la creencia generalizada, incluso por la clase gobernante, de que las personas que padecen discapacidades psicosociales o trastornos mentales son incapaces de controlar las decisiones que les conciernen, lo que a su vez incide en los cuidados que necesitan.
La discriminación, los estereotipos negativos y la estigmatización en el marco de la comunidad, la familia, la escuela y el centro de trabajo impiden las relaciones sanas, la interacción social y la creación de contextos integradores que son necesarios para el bienestar de todos.
La Sra. Yeni Rosa Damayanti, Presidenta de la Asociación Indonesia de Salud Mental, acudió a Ginebra a fin de participar en la primera consulta de las Naciones Unidas sobre salud mental y derechos humanos. La Sra. Damayanti se describe a sí misma como una persona con discapacidad psicosocial y como usuaria de servicios psiquiátricos; mientras vivió su ya difunto hermano, que también era usuario de servicios psiquiátricos, ella se encargó de cuidarlo.
“Todo lo que sé acerca de la salud mental lo aprendí en Internet. No sabía que mi hermano y yo teníamos determinados derechos. No reclamé mis derechos en los momentos en que más sufría”, recuerda la Sra. Damayanti.
Cuando la Sra. Damayanti creó su ONG, las ideas dominantes en ese ámbito eran las de los psiquiatras, como hasta el día de hoy en muchas ciudades. Su primer debate sobre salud mental se efectuó en el marco conceptual de la medicina.
“A veces me invitaban a las reuniones, pero nunca como oradora, como alguien a quien tenían que escuchar. En realidad, nunca me pedían mi opinión, así que yo me preguntaba qué estaba haciendo allí”, dice la activista.
Hace algunos años, la Sra. Damayanti descubrió el movimiento de personas discapacitadas. “Eso lo cambió todo, me sentí liberada”, afirma.
“Cuando me incorporé a ese movimiento, descubrí que había [personas con discapacidad] que eran protagonistas de sus propias vidas. Son ellas quienes deciden lo que es mejor para sí mismas y en sus reuniones los médicos nunca hablan”, recuerda. “Pero para las personas con discapacidad psicosocial, los doctores siguen siendo los guardianes: si quiero solicitar un empleo, primero tengo que obtener el visto bueno de un médico”.
“Debemos convencer a nuestros Gobiernos de que la vida de una persona con discapacidad psicosocial no gira exclusivamente en torno a las pastillas, y que abordar el problema únicamente desde la perspectiva médica no es suficiente y puede incluso ser destructivo”, añade .
También para el experto en salud de las Naciones Unidas, Dainius Pūras, es preciso alcanzar una comprensión más amplia del tema, que incluya el reconocimiento de la diversidad de la experiencia humana y las múltiples formas en que las personas se enfrentan a las necesidades vitales.
Ante este problema, realizaremos el Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos de manera virtual, en mayo próximo, con la participación de expertos de México, Estados Unidos, Argentina y Perú. Las inscripciones están abiertas en el siguiente formulario: https://forms.gle/yBLE6rmpmcQA6J7VA
Cordialmente,
Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario
