Por Javier Lozano.
Prácticamente, todo el gobierno de la República, despachos estatales, lo mismo que legisladores federales y locales en las entidades federativas, no solo se han involucrado en la sucesión presidencial adelantada, sino que se metieron de lleno al activismo preelectoral y, de paso, han caído en la inercia del proceso de selección ante la sospecha, o mejor dicho el escepticismo que existe por una encuesta que, a todas luces, es el mecanismo menos democrático que puede aplicar la dirección del partido de Morena, especialmente por los desencuentros a priori que se han agudizado entre las estructuras políticas de las corcholatas.
Todos sabemos que, en esta coyuntura, el método es una de las preocupaciones más latentes de los participantes. Los mismos aspirantes han dado a conocer su postura acerca de los mecanismos internos del partido. De hecho, son tres presidenciales los que, abiertamente, califican la encuesta que realiza el órgano interno como una simulación. No aluden el tema, pero tampoco avalan el mecanismo tradicional a sabiendas de los resultados injustos que, a lo largo de los años, han perpetrado imposiciones.
No es un tema sencillo, ni mucho menos una decisión fácil la que tomará el Presidente López Obrador. Lo mejor, ya lo hemos dicho, es que exista un consenso considerando la polarización que actualmente se vive. De hecho, a la dirigencia nacional de Morena, o en su defecto a la Comisión de Encuestas del partido, se le han imputado fraudes y maquinaciones porque además de no revelar los resultados, ni los cuestionarios de una supuesta metodología, muy a menudo hay golpes sobre la mesa. Es decir, determinaciones unilaterales que han influido, hoy en día, a que la democracia en Morena viva un retroceso.
Casos como el de la elección interna en 2017 para elegir al candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, son sólo la punta del iceberg. Incluso, el propio titular de Gobernación recordó el mal sabor de boca que vivió Ricardo Monreal en carne propia. El zacatecano ganó todas las metodologías preliminares que se llevaron a cabo. Eso permitió construir una hipótesis irrefutable con ponderaciones concretas que, comparadas con las demás, fueron altamente favorables a favor de Monreal.
Eso, a la postre, se convirtió en un reclamo social que ha ido escalando más y más. Para desgracia o detrimento de la democracia interna en Morena, ese episodio se repitió; esta vez fue la elección interna en el Estado de Chihuahua, donde Cruz Pérez, con todas las condiciones a su favor, tuvo que ser el abanderado del lopezobradorismo. Del mismo modo, esa situación en su momento la abordó el secretario de Gobierno, Adán Augusto. El mismo reconoció el fraude que perpetraron en el seno morenista.
Por esa razón, existe preocupación, pero sobre todo escepticismo. El común denominador es la encuesta y, en esa coyuntura, tres de los cuatro aspirantes a suceder al Presidente Obrador no tienen confianza en el método que aplica el partido. Nada raro, ni mucho menos atípico con los antecedentes que la encuesta tiene desde que funge como vía para tomar decisiones.
El Presidente Obrador sabe perfectamente el grado de desconfianza que existe en la mayoría de aspirantes. Por tal motivo, propuso el consenso y la negociación porque intuyó que, la encuesta, lograría provocar daños irreversibles en un futuro inmediato. Dicho en otras palabras, un agujero profundo y suficientemente capaz de dividir al movimiento. A raíz de ello, puede impulsar una de las vías propuestas por los estatutos: el consenso.
Sigo insistiendo en que, por esa y por muchas razones, llamó a Ricardo Monreal a Palacio Nacional. Además de ser un punto de equilibrio y un factor que suma en la reconciliación, el zacatecano es el personaje ideal para este tipo de circunstancias, pues su probada capacidad para signar acuerdos lo colocan en la antesala de una candidatura de unidad. Si hacemos un pequeño balance entre los cuatro suspirantes, Monreal es poseedor de una habilidad que, sin menospreciar a nadie, no la tiene ningún otro. Es decir, una sagacidad no solo para librar los campos más minados en la política, sino para encontrar áreas de oportunidad.
Y, en esta etapa decisiva, los contratiempos serán un nuevo desafío para el mejor operador político de la Cuarta Transformación. Sí, Ricardo Monreal es, sin duda, el que ofrece mayor garantía de unidad al unificar ideas, propuestas y, lo mejor de ello, concretar un equilibrio que, a estas alturas de la fase previa, es sumamente fundamental, pues ahí radica la clave tanto de la unidad, como del triunfo electoral del 2024.
Por ese motivo, el regreso de Monreal al Palacio Nacional significa, en un futuro próximo, el momento crucial que puede marcar la diferencia al integrar a todos los aspirantes a una misma causa de reconciliación. De hecho, el Presidente Obrador quiere evitar -a toda costa- una división y, por esa razón, planteó el consenso para destrabar el proceso interno no solo porque la mayoría no está de acuerdo en una encuesta, sino porque la unidad es prioridad.
He ahí el momento clave para Ricardo Monreal que es el único capaz de encontrar un punto de equilibrio en la reconciliación. El, en ese sentido, puede marcar la diferencia en una negociación interna y convertirse, en unos meses, en el futuro candidato de Morena, y próximo Presidente Constitucional de México.
Notas finales: Aunque pueda haber diferencias y no estar de acuerdo entre sí en determinados temas, la división de poderes permite el equilibrio y da los contrapesos necesarios para la vida democrática del país, consideró Ricardo Monreal.
En un texto publicado en su página web, el senador subrayó que el Estado de Derecho se basa en la idea de que cada uno de ellos cumpla con su función en forma independiente y sujeta a la Constitución y al marco legal; precisamente, esta separación permite el equilibrio y los contrapesos necesarios, además de proteger los derechos y libertades ciudadanos, reiteró.
El coordinador de los senadores de Morena escribió que lo anterior adquiere relevancia a raíz de los hechos ocurridos en días pasados que, ante los ojos de muchas personas, evidenciaron una suerte de crisis o confrontación entre poderes, con el intercambio de mensajes a través de WhatsApp entre la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el presidente del Senado de la República.
El tono poco usual de la comunicación llevó incluso a la propia ministra a reconocer que la vía utilizada no fue la más adecuada; sin embargo, con la voluntad de ambas partes, la tensión que se hubiese generado se puede resolver mediante el diálogo y la tolerancia, acotó.
Otro hecho, recordó, se refiere a la declaratoria de invalidez por parte de la SCJN respecto al decreto presidencial sobre las obras emblemáticas del Gobierno Federal. Ante ello, el Ejecutivo Federal publicó un nuevo decreto en el que éstas -por ejemplo, los tres aeropuertos (Chetumal, Tulum y Palenque) y los tres trenes (Interoceánico, Tehuantepec y Maya)- se consideran de interés público y de seguridad nacional.
Monreal Avila explicó que ese nuevo decreto no implica un desacato por parte del jefe del Estado mexicano en relación con la declaratoria de invalidez de la Corte y mucho menos significa una confrontación entre poderes. Por el contrario, no solamente se respetó la invalidación del primer decreto, sino que el segundo contiene más elementos que lo convierten en un acto realizado bajo el principio de legalidad que le concede la Constitución al Ejecutivo federal, continuó.
Son obras que reflejan la visión y las prioridades del presidente, en términos de políticas públicas, con las que busca impulsar una agenda de gobierno claramente establecida y, sobre todo, expuso, abordar problemáticas específicas, como la reducción de la pobreza y la mejora de la infraestructura, entre otras.
El legislador recordó qué existen diferencias entre ley y legalidad, que son relevantes para comprender el funcionamiento del sistema jurídico y el Estado de Derecho. La ley se refiere al conjunto de normas jurídicas creadas por el Poder Legislativo y que establecen derechos, obligaciones y regulaciones para la ciudadanía y el gobierno.
Por otro lado, señaló que legalidad se refiere a un principio fundamental del Estado de Derecho, que señala que todos los poderes públicos están sujetos a la ley y deben actuar de conformidad con ella.
Bajo este principio, añadió, se exige que los actos de las personas servidoras públicas y de las instituciones del Estado se realicen dentro de los límites establecidos por la ley, y que se respeten los derechos y garantías individuales.
“Justamente, apegado a dicho principio ha actuado el Presidente López Obrador, en medio de esta suerte de desarreglo institucional que, a final de cuentas, es resultado de puntos de vista distintos respecto de lo que cada poder considera como prioritario para la nación”, finalizó.
