-Se busca generar soluciones duraderas, que van desde el diseño y adopción de políticas públicas, la atención de las necesidades particulares de protección de las personas y el ofrecimiento de garantías de no repetición
Fanny Arreola Pichardo, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXV Legislatura local, presentó este viernes ante el Pleno del Congreso la iniciativa de Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado.
La iniciativa construida de manera consensada con organizaciones y activistas, busca prevenir y sancionar los delitos que revictimizan a la persona desplazada, dándole la oportunidad de recuperar la paz y tranquilidad que dejaron en el camino.
“Lo que se busca es generar soluciones duraderas, que van desde el diseño y adopción de políticas públicas, la atención de las necesidades particulares de protección de las personas y el ofrecimiento de garantías de no repetición”.
La diputada por el Distrito de Apatzingán recordó que en Michoacán, no podemos hablar de una cifra cierta confiable de la crisis humanitaria inminente, que en los últimos 20 años se ha provocado en estos municipios del Estado, donde se habla de más de 400 mil desplazados que huyen a otros estados o municipios vecinos donde se ven minadas sus condiciones de vida, en virtud de que no existe un registro estatal de desplazados.
“Estas familias han sufrido las disputas por las posiciones de los grupos y células del crimen organizado que han tomado el control absoluto de los pueblos que se han vistos obligados al desplazamiento masivo forzados sin que las fuerzas del orden actúen para protegerlos, quedando en medio de estas disputas en total desamparo, sin poder de decisión sobre su futuro”.
Desde la Máxima Tribuna del Estado, la legisladora refirió que el desplazamiento interno es una modalidad de migración interna y a partir de 2010 Michoacán se destacó en el mapa nacional por el incremento de ésta.
Fanny Arreola abundó al señalar que esta ley será benéfica para el Estado de Michoacán, ya que se solventará una grave laguna jurídica que flagela a las personas desplazadas en el Estado, es un proyecto necesario y noble que fortalecerá y hará al orden jurídico estatal más responsable, garantista y comprensivo.
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