-Múltiples son las problemáticas violatorias de derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes, una de ellas por ejemplo el matrimonio infantil, el cual aún persiste en México
Proteger y garantizar la integridad de los niños, niñas y adolescentes, debe ser prioridad nacional, lo que incluye la prevención del maltrato, explotación y violencia, recalcó la diputada Mónica Valdez Pulido, integrante de la Comisión de Desarrollo Integral de la Familia de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada por el Distrito de Zacapu enfatizó que en México residen 31.8 millones de niñas y niños de cero a 14 años, que en términos porcentuales representan 25.3 por ciento de la población total.
“Múltiples son las problemáticas violatorias de derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes, una de ellas por ejemplo el matrimonio infantil, el cual aún persiste en México, en donde los datos del INEGI señalan que los casos de las niñas hablantes de alguna lengua indígena actualmente duplica al resto”.
La legisladora integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática agregó que el trabajo infantil también persiste y es más prevalente entre los varones que entre las niñas, independientemente del origen étnico o la condición de discapacidad.
“Sin embargo, ocurre con mayor frecuencia entre las y los hablantes de lengua indígena, seguidos de la niñez afrodescendiente, y en menor grado entre los no hablantes de lengua indígena y los menores de 15 años con alguna discapacidad”.
Mónica Valdez dijo que en el caso de Michoacán, existen 112 mil 430 niñas, niños y adolescentes en ocupaciones no permitidas, que corresponde a 5.1 por ciento del total nacional, en tanto que, la proporción de éstos en ocupaciones no permitidas en el estado es del 10.12 por ciento.
“El Estado debe cumplir con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados, para lo que se precisa atender y establecer claramente principios rectores y criterios para la política pública en materia de derechos, con bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar su protección”.
