Ratifica senador Antonio García denuncia penal ante FGR por crimen de 40 migrantes en Ciudad Juárez

• Exige a la FGR actúe y deslinde responsabilidades contra los titulares de Gobernación, Relaciones Exteriores e Instituto Nacional del Migrante

• No se debe permitir que el gobierno federal encubra y proteja a “las corcholatas”

El senador de la República por Michoacán, Antonio García Conejo, acudió este miércoles a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la capital del país, para ratificar la denuncia penal en contra de los titulares de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López; de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; y del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño por su responsabilidad en la tragedia que quitó la vida a 40 migrantes en Ciudad Juárez.

“En mi calidad de senador y ciudadano mexicano, exijo al fiscal Alejandro Gertz Manero que actúe y presente ante los tribunales a los responsables de este hecho en el que se evidencia la descomposición y falta de atención que el gobierno ha tenido ante nuestros hermanos migrantes”, aseveró el legislador.

Explicó que existen antecedentes e información suficiente para señalar este hecho como un crimen de estado, por las omisiones, una política migratoria fallida y una evidente desatención al tema de falta de condiciones para los migrantes que viola sus derechos humanos y que, en repetidas ocasiones se anticipó la problemática al gobierno federal.

Antonio García Conejo insistió que, la muerte de los 40 migrantes centroamericanos no puede ni debe quedar impune.

“Adán Augusto y Ebrard, las ‘corcholatas’, andan distraídos en otros temas político-electorales y ahí están las lamentables consecuencias; o ¿será que están protegidos y para ellos no aplica la Ley?” cuestionó el senador michoacano, al tiempo que hizo un enérgico llamado a que se concentren en el trabajo para el que fueron designados, o, por el contrario, que renuncien a sus cargos.

Finalmente, García Conejo recordó que la FGR tiene la competencia para atender la denuncia y determinar cuáles fueron las acciones u omisiones punibles por el delito de homicidio como un crimen de estado, dado que las mismas están sujetas a atribuciones de servidores y funcionarios públicos en representación del Estado Mexicano.