En Público
Por Sergio Torres Delgado
Mientras el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabeza y promueve actos partidistas donde prodiga el apoyo político a su delfín, Giulianna Bugarini, delegada en funciones de presidenta estatal de Morena, la dirigencia estatal elegida por el pleno del Consejo y encabezada por Ana Lilia Guillén Quiroz busca imponer la legalidad y la institucionalidad que, consideran, hacen falta en el partido.
El sábado 23 del mes en curso, el área de comunicación social del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) que preside Guillén Quiroz anunciaba e invitaba al arranque de la campaña de afiliación a Morena, para el domingo 24 de abril a las 10 horas, en la plaza Benito Juárez de esta capital.
El mismo sábado, Ramírez Bedolla daba el espaldarazo a Giulianna Bugarini y el propio gobierno del estado así lo difundía a través de un boletín emitido por la Coordinación General de Comunicación Social, dando lugar a cuestionamientos relativos al probable uso de la estructura y recursos públicos en la promoción del encuentro que sostuvo, donde también participó Juan Pablo Celis, “coordinador de estructura” de Morena.
Al parecer, el apoyo de la secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Xóchitl Nashielly Zagal, al actual CEE para iniciar trabajos de afiliación en Michoacán calaron hondo en el sentir de la corriente morenista en el gobierno y en la figura de la delegada designada por Mario Delgado, dirigente nacional guinda.
En los hechos, se puede interpretar como una especie de validación otorgada por Nashielly Zagal a la estructura estatal, aunque la “luz verde” fue para que María Chávez, secretaria de Organización estatal, procediera al comienzo de las labores por parte de un cuerpo directivo recién designado por el pleno del Consejo Estatal.
Lo que a final de cuentas valdrá será la resolución que emitan las instancias electorales en este diferendo, en el que el nuevo CEE, con Guillén Quiroz al frente, no solamente busca se les reconozca como la instancia legal a nivel estado, sino corregir muchos de los vicios que, al permanecer, justifican la discrecionalidad con que se manejan la dirigencia nacional y sus grupos afines en las diversas entidades del país.
Ackerman versus Mario Delgado, podría decirse.
Dice Ana Lilia Guillén que tal vez en mes y medio esté resuelta la disputa jurídica por la representación estatal, la cual debe ser dirimida en primera instancia por el propio CEN morenista; cuyo fallo puede ser impugnado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) e incluso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en caso de no satisfacer la postura de los promoventes.
Seguramente esto se irá hasta el tribunal.
Por lo pronto, la nueva dirigencia también está solicitando la baja de 18 consejeros estatales que infringen los estatutos del partido al ostentar, además del cargo partidista, cargos públicos. Entre ellos, nada más ni nada menos que el propio gobernador, Ramírez Bedolla, a quien acusan de no haber renunciado a la consejería una vez que asumió la titularidad del Ejecutivo estatal.
Para el resto de los casos también aplican esa y otras causales, según lo sostenido por el grupo guillenista. Habrá que ver a quién le dan la razón jurídica, en este conflicto político interno que, poco a poco, va escalando. Y no es para menos, aunque dicen no perseguir las prerrogativas económicas del partido, subyacen muchos intereses de fondo con miras al próximo proceso electoral de 2024 y la designación de las candidaturas.
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