Por Javier Lozano
Al dirigente nacional de Morena no le queda de otra más que generar las condiciones apropiadas para que -el curso del proceso sucesorio presidencial- se dé en un marco de respeto. De hecho, ayer mismo tocamos el tema pues la obligación moral y política que tiene en sus manos, Mario Delgado, es procurar contrarrestar todo aquello que sea una amenaza para detonar la división interna.
Salvo que Mario Delgado no se atreva a fijar una posición por instrucciones de alguien superior al él -entonces sí- estamos en presencia del inicio de una decadencia interna patrocinada desde la cúpula del poder. Esto puede llegar a ser, si no corrigen el rumbo, una crisis interna que equivale a polarización y encono. Esto suele ocurrir cuando hay interés de por medio o simplemente por no querer reconocer qué hay quienes levantan la mano por derecho legítimo e histórico de participar.
Entonces, tanto Mario Delgado, como todos los actores que serán protagonistas en la sucesión presidencial, tienen que ser respetuosos, primero, de los tiempos electorales porque -desde qué se enteraron que el presidente abrió el juego- la efervescencia precipitó muchas estrategias que se fueron minando no sólo para posicionarse en el territorio nacional, sino también para sacarle provecho a la guerra sucia.
Ricardo Monreal ha sido el único que ha padecido -de manera frontal- la narrativa de la guerra sucia de manos de la gobernadora, Layda Sansores. Como se conoce en las arengas de la política, vivió en carne propia los cañonazos mediáticos del fuego amigo; aun así, no le quitaron ni una pluma al gallo.
Por ello, tuvo motivos para presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por diversos delitos contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.
A raíz de ello, no hubo más remedio que la salida jurídica, especialmente porque se ha comprobado que el material que presentó Layda Sansores tiene evidencias de manipulación. De hecho, algunos especialistas lograron detectar -a simple vista- una serie de irregularidades siendo que, al analizarlas, fueron una prueba tangible para considerar el grado de maquinación.
Sé que Layda Sansores no saldrá a reconocer su error, pero si puede darle vuelta a la página sí quiere que la situación no se agrave en el seno de Morena, pues ella será sin duda una de las responsables de una ruptura a futuro por querer figurar en los reflectores para hacerle el caldo gordo a una de las llamadas “corcholatas”.
Frenar el proceso de descomposición que ha comenzado a gestarse debe ser una de las tareas inmediatas de la dirigencia nacional, pero también de los presidenciables de Morena que pueden llegar a un acuerdo de civilidad agotando todos los intentos para continuar con el proceso de democratización interna de su partido, al ser este último uno de los elementos principales para consolidar la transición política en México.
Fue un error tratar de confabular ese tipo de acusaciones, máxime porque la opinión pública la catalogó como innecesaria e intransigente de parte de la gobernadora que, lejos de debilitar a los aspirantes, los fortacecen más pues está comprobado que la guerra sucia no funciona como un mecanismo estratégico, en especial con ese tipo de recursos que echaron andar porque las libertades de todos y todas deben ser respetadas.
Recordemos que las comunicaciones privadas obtenidas de manera ilegal son un delito, y no sólo su intervención, sino su utilización y difusión. El respeto a la intimidad y la privacidad son derechos que se le deben garantizar a toda persona, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De hecho, como aseguró el coordinador de los Senadores de Morena, la denuncia tiene bases sólidas, pues ante la confesión de parte de la intervención de comunicaciones privadas, que fueron reveladas a través del programa “Martes del Jaguar” —que se realiza y difunde con recursos públicos—, se podría configurar, entre otros, el delito de peculado, previsto en el artículo 223, fracciones I y II del mismo ordenamiento federal.
Precisó que la difusión de la información manipulada en ese programa constituye una abierta violación a los principios jurídicos contenidos en el artículo 134 constitucional, y evidencia el montaje orquestado por la gobernadora del estado de Campeche.
Finalmente, esto le puede pasar al propio Canciller, Marcelo Ebrard, o al mismo secretario de Gobierno, Adán Augusto. Ninguno está exento de vivir lo que padeció el presidente de la Junta de Coordinación Política.
Es, hoy en día, un buen instante para reflexionar, pero también condenar las formas negativas que fueron, en su momento, un mecanismo que utilizó la derecha para someter a la clase política. La andanada no es, por ningún motivo, una salida fácil a los intereses particulares de quienes orquestan estas acciones.
Repito, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, tiene que salir a dar la cara porque es él, en este momento, la imagen más visible del partido. Por ello, él tiene que poner un hasta aquí para cambiar las cosas que se comienzan a minar ya que no solo perjudica la figura de un partido que nació -en teoría- distinto a los demás, si no también lo precipita a la decadencia.
No hay nada mejor que respetar a todas las voces que han levantado la mano porque, al final de cuentas, será la población civil quien tome la determinación. Siendo prudentes, cautos y respetuosos, puede ser un buen gesto para corregir la guerra sucia que ya empezó.
