Por Javier Lozano
A partir del 2018 existía la esperanza de un gobierno distinto, justo, democrático. Con la llegada del presidente López Obrador se abrió el abanico para erradicar, de raíz, algunos lastres como la corrupción y la injusticia.
De hecho, desde la autoridad federal se trabajó en un proyecto legislativo de amnistía para muchos presos que fueron excluidos de un proceso justo y apegado a derecho y tuvieran, como muchos, un porvenir humano ante los agravios cometidos por un sistema de jurisdicción autoritario en épocas donde gobernó la derecha.
La intención del presidente rindió frutos: se aprobó una Ley de amnistía desde el legislativo federal. Por fin se evitarían, a grandes rasgos, los atropellos y los excesos de un régimen neoliberal.
Por esa razón, el inicio de esa etapa ante el deterioro institucional de justicia en el país, abrió la ilusión y fe haciendo uso de la equidad a miles de presos no sólo político, sino hombres y mujeres que fueron sometidos y torturados.
Dado que en Veracruz gobierna la Cuarta Transformación quizá pensamos que, la legalidad y la justicia, serían un elemento coadyuvante a la política pública cuando se habla de democracia.
Sin embargo, se ha confirmado que la procuración de justicia en Veracruz, no sólo es ambigua, sino que padece una enorme crisis de credibilidad y confianza.
Las evidencias muestran que, en aquella entidad, la sociedad cuenta con un sistema de jurisdicción precario, anacrónico y, peor aún, con aires de autoritarismo. Cómo es posible que, en los tiempos de la llamada Cuarta Transformación, se recrudezca la indiferencia que arroja la cultura de sometimiento.
No hay ninguna duda que, muchos presos de aquella entidad, sufrieron una punitiva actuación de la autoridad local. Existe un espiral de casos dónde, la jurisdicción de Veracruz, actuó con una postura radical.
Recordemos lo que pasó con seis jóvenes que fueron acusados del delito de ultraje a la autoridad local.
Llamó la atención la forma y hasta la información que supuestamente otorgó la policía local cuando los aprendió con una hipótesis apoyada en evidencias inexistentes.
Se probó que los jóvenes no pusieron resistencia. Imaginen el grado de justicia que hay en Veracruz. Qué nivel tan pobre.
Si la autoridad reacciona así, podemos esperar cualquier atropello; quizá por esa razón la jurisdicción local siga insistiendo no sólo en trastocar los derechos humanos, sino también vulnerarlos.
Y si a eso le sumamos con la detención de José Manuel del Río Virgen que apenas hace un par de días fue vinculado a proceso, la crisis de justicia en Veracruz se agudiza.
No se ha tomado en serio su papel y, nuevamente, da señales de un régimen autoritario que presume, actúa con apego.
Sin embargo, de acuerdo a la información que ha circulado, no existen elementos sólidos más que puros supuestos de oídas que han distorsionado o, más bien, para ellos son contundentes para perpetrar un plan sospechoso de un preso político que todavía resulta imposible de asimilar, máxime cuando se supone que existe un gobierno recto y apegado a los principales de la Cuarta Transformación.
Ni lo uno ni lo otro. Estamos en presencia de una regresión al México autoritario adoptado en la jurisdicción local de Veracruz.
Qué lástima. Había esperanza de un sistema justo y equitativo. Sin embargo, el clima de igualdad en aquella entidad se ha esfumado; no hay voluntad ni capacidad para erradicar el cáncer que garantice procesos justos y sin sesgos políticos.
En general, Veracruz se ha convertido en el ejemplo más claro que hace no mucho criticamos y señalamos en complicidad con la mentira y el agravio.
Lo que pasó en Veracruz es, a la luz de todo el mundo, una violación, arbitrariedad y crueldad. Aunque también, nos ofrece un panorama simulado de que promueve la ley con apego a derecho cuando, a todas luces, es la réplica o la expresión en el instante que recurrieron a denunciar los agravios de lo que muchos denominamos injusticias de Cuitláhuac García.
