Por Javier Lozano
Se abrió la caja de Pandora en Veracruz. Es realmente inquietante lo que sucede en materia de procuración de justicia; a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le ha dado una lección por una causa justa que, de hecho, nunca tuvo que pasar en la detención de seis jóvenes acusados del delito de ultraje, prevalece el criterio de mano dura y existen, por lo menos, 50 casos semejantes.
En su afán por construir y tener un estado de derecho justo y equilibrado, la Comisión especial del Senado de la República sigue recolectando acciones comprobables de que, en ningún momento, se puso en riesgo a la autoridad después de que a muchos se les acusó del mismo delito que es, de acuerdo con la Suprema Corte, inconstitucional.
Así pues, la Comisión del Senado que está estipulada y legalmente constituida en el Artículo 76 de la Constitución general de la República y en el reglamento de la Cámara Alta, sigue avanzando.
Ayer exhibió otro caso que ha causado indignación. Se trata de Rogelio Franco Castán, legislador federal electo pero que, desde hace 10 meses, se le acusó de tres procesos, entre ellos para variar de ultraje a la autoridad.
Otro caso más de ignominia. Sin embargo, se abrió la puerta de acceso para ir avanzado luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo énfasis y exigió, a la autoridad local de justicia en Veracruz, derogar a través del legislativo el delito de ultraje.
Gracias a ello, y al empuje que ha imprimido la comisión especial para resolver estos agravios, ha dado una muestra de congruencia luego del daño que está ocasionando la jurisdicción de aquel territorio.
Y no sólo eso, también ha puesto el ejemplo del compromiso social con la población y con cientos de presos políticos que, injustamente, están tras las rejas en Veracruz. Es el caso del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen.
A él, se le tiene injustamente detenido y vinculado a proceso. De hecho, también la Comisión especial concluyó que no hay elementos más que puras conjeturas y oídas que resultan absurdas e improcedentes.
A raíz de eso, una práctica o, más bien dicho, un acto de voluntad y de justicia ha sido, sin lugar a dudas, la responsabilidad de la Comisión especial del Senado.
Lo que no ha hecho el gobernador, Cuitláhuac García que siempre ha ignorado estos hechos, es ahora una bandera que abrazó un conjunto de todas las fuerzas políticas que integran la Junta de Coordinación que tomó el asunto con sus propias manos y, lo mejor de todo, con resultados positivos.
A la par de ese trabajo legislativo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mostró ser un aliado de la población. Funcionó la insistencia del mayor ejemplo de empuje en la figura de Ricardo Monreal quien, jamás, se ha dado por vencido en estas injusticias.
Paralelamente puso en marcha una serie de mecanismos y recursos que, evidentemente, coadyuvan para tener mejores condiciones de equidad en aquel territorio. Esa perseverancia rindió frutos.
Y es que no sólo abrió la posibilidad de tener una plataforma legislativa para instaurar una defensa con todas las facultades, sino también motivó a levantar la voz para clamar justicia y cese a los abusos con daños y atropellos irreparables que no sólo son perjuicios a los presos políticos, sino a sus familias.
Por eso resulta muy provechosa la actitud de la Comisión especial del Senado. Sigue trabajando y, esa atención, ha escalado para desnudar las arbitrariedades del sistema de justicia local en Veracruz que, escandalosamente, es noticia mediática por los agravios cometidos en una especie de regresión a los tiempos de mayor furia del PRI.
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