En Público
Por Sergio Torres Delgado
Hace unas horas asesinaron a un periodista más, a Roberto Toledo, colaborador de Monitor Michoacán, en Zitácuaro.
Se trató de un ataque con armas de fuego perpetrado contra el integrante de Monitor Michoacán, cuyo equipo, dirigido por Armando Linares, ya estaba bajo amenaza desde hace un año, presumiblemente por hablar de diversas denuncias existentes contra el Fiscal Regional de Zitácuaro en ese entonces, Francisco Herrera Franco.
Las denuncias provenían de la población y, entre los abusos relatados, se da cuenta del presunto secuestro de un hombre y de la denuncia realizada por comunidades indígenas de la zona mazahua, quienes acusaron a Herrera Franco de proteger a grupos delictivos e incluso de proponerles que se unieran a una de esas organizaciones.
Tales denuncias trascendieron a diversos medios de comunicación, como La Jornada, 90 Grados y el propio Monitor Michoacán.
“Las amenazas eran prácticamente para todo el equipo de Monitor Michoacán. Las amenazas comenzaron desde hace un año más o menos cuando exhibimos una corrupción del Fiscal Regional, Francisco Herrera Franco, que estaba en Zitácuaro en ese entonces, quien fue señalado por el autogobierno de invitarlos a unirse a un grupo delincuencial”, refirió en entrevista para Milenio Armando Linares.
El directivo de Monitor Michoacán, sumamente afectado por el hecho, expresó al medio nacional que la advertencia era que dejara de hablar del Fiscal Regional y del gobierno municipal de Antonio Ixtláhuac Orihuela.
La Fiscalía General del Estado (FGE), que preside Adrián López Solís, lo único que hizo fue cambiar de adscripción a Herrera Franco.
Los diferentes medios dan cuenta del origen de este funcionario de la FGE: es uno de los elementos que llegaron a Michoacán junto con el ex comisionado Alfredo Castillo Cervantes y el ex procurador y ex secretario de Seguridad Pública en la entidad, José Martín Godoy Castro, como parte de los compromisos que el exgobernador perredista Silvano Aureoles Conejo tenía con el priísmo nacional.
Al perder la gubernatura, se presume que ese y otros personajes se concentraron en la FGE.
A decir de Armando Linares, Roberto Toledo era uno de los colaboradores del medio, apoyaba con video notas y algunas informaciones, cubriendo información generada por el gobierno del estado, con un perfil bajo precisamente debido a las amenazas.
En una declaración muy desafortunada, el ayuntamiento zitacuarense negó a Roberto Toledo la calidad de periodista al boletinar lo siguiente:
“el Ayuntamiento que encabeza el Lic. Juan Antonio Ixtláhuac, coadyuvará con las autoridades correspondientes, para esclarecer el lamentable asesinato de Roberto T., colaborador técnico de un despacho de abogados en el municipio”.
De verdad que el ayuntamiento ¿está desmintiendo a Armando Linares y a Monitor Michoacán? En ese supuesto, bastará que Monitor Michoacán demuestre lo contrario y, entonces, algunas sospechas habrán de agravarse.
Mientras no se resuelvan los asesinatos de los periodistas, activistas sociales y población en general, quienes están en el gobierno, especialmente quienes ocupan las áreas encargadas de la prevención, persecución de los delitos y aplicación de la justicia, seguirán contribuyendo a que sigan ocurriendo y también deberán llevarlo en sus manos.
Ya no queremos hablar de periodistas asesinados en este ni en ningún otro espacio. Ya no queremos ofrendar más vidas. Las denuncias, los señalamientos, el combate a la corrupción y a los abusos no deberían terminar en eso.
Lamentablemente las denuncias son frivolizadas y minimizadas, no hay atención temprana y la impunidad persiste.
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