En Público
Por Sergio Torres Delgado
La exconsejera electoral Elvia Higuera Pérez fue designada como nueva subsecretaria de Derechos Humanos de la secretaría de Gobierno del Estado, presidida por Carlos Torres Piña.
El nombramiento genera varias reflexiones, entre ellas, una lectura positiva ante el hecho de que Higuera Pérez fue una pieza clave para que el asunto Odebrecht en Michoacán no fuera dado por concluido y aun queden posibilidades de llevar ante la justicia a funcionarios que recibieron sobornos por parte de la empresa brasileña durante los gobiernos encabezados por Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, en ese entonces perredistas, hoy integrantes de Morena y de la 4T.
Si bien se conoció en su momento la participación de Elvia Higuera en el Equipo de Transición del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, permanecía la pregunta respecto a si sería incorporada a la actual administración, precisamente debido a la destacada acción de buscar justicia respecto al caso Odebrecht y la corrupción evidenciada en la entidad.
La decisión del mandatario estatal de integrarla a su administración demuestra la autonomía de este gobierno respecto a las injerencias que pudieran tener los exgobernadores, uno de ellos coordinador de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador y otro de ellos diputado federal y coordinador de la bancada michoacana.
Otra arista, sin embargo, es la participación de quienes llegan a los órganos electorales y organismos autónomos como ciudadanos ajenos a partidos políticos, cuando en la realidad se encuentran vinculados a las distintas fuerzas políticas. Un tema para el debate.
El grupo parlamentario morenista en la 74 legislatura local ya había intentado nombrar a Higuera Pérez titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero la intentona no había prosperado.
Exhibe diputado operativos irregulares de la policía estatal
Hace solamente algunos días que el diputado federal morenista Carlos Alberto Manzo exhibió en redes sociales un retén implementado por la Policía Michoacán en uno de los accesos a Uruapan.
En el video publicado por el legislador, se muestra efectivamente una camioneta de la Policía Michoacán, cuyos elementos incluso retuvieron la identificación del diputado en el instante que se identificó y pidió a los efectivos hicieran lo mismo. Pero eso no es lo grave, sino que en un momento dado uno de ellos amagó con hacer uso de un arma contra el diputado y los acompañantes de este, llevando la mano justo donde portaba la pistola.
Como bien lo señaló un medio de comunicación, a través de su reportero Ángel Vieyra, se observa a los policías solamente con la ropa oficial, pero sin insignias, placas ni identificación oficial.
Los elementos policiacos ofrecieron un espectáculo lamentable, sin preparación, capacitación, sin capacidad de interlocución, prepotentes, incapaces de dialogar y de explicar su papel en el retén exhibido por el integrante del Congreso de la Unión.
El representante popular se dijo a favor de que las corporaciones combatan la inseguridad pública, pero también expresó que buscará atacar la extorsión, los abusos policiacos, los retenes ilegales, en defensa de las libertades y garantías individuales de las y los habitantes de la entidad.
Los agentes quisieron prohibir que los seguidores de Manzo tomaran video de los hechos y amenazaron al diputado con esposarlo. Se trata de la unidad oficial con número 20-2613, el cual apenas y se observa al frente, en la parte inferior izquierda.
Prórroga a los descuentos por reemplacamiento
Toda vez que el gobierno del estado no asumió las fallas e ineficiencias, suyas o heredadas, para atender a la ciudadanía en el pago del canje de placas, ahora toca el turno a los diputados locales hacer algo. Sí, aquellos mismos de Morena, PRI, PAN, PVEM, PT, PES e independientes que votaron a favor del reemplacamiento y que ahora, por lavar sus culpas, piden al gobernador Alfredo Ramírez extender la aplicación del 30 por ciento de descuento ofrecido solamente durante enero.
Apoyaron al gobierno morenista y ahora este los deja solos, no sin cierta falta de sensibilidad hacia la población que quiso cumplir como contribuyente, pero que no pudo hacerlo por distintas circunstancias atribuibles al sistema administrativo.
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