Por Armando Saavedra
*¿A QUIÉN CONTRATÓ CONGRESO PARA AUDITAR A LA ASM?
*¿CÓMO ANDA LA LEGALIDAD EN TODO ESTO?
*POR AUDITORÍA FORENSE, CONGRESO TIRÓ 150 MDP.
*¿PARA QUÉ QUIERE EL GOBIERNO EL PADRÓN DE ACREDITACIÓN LABORAL?
*LA RENUNCIA DE OSORIO Y VARIOS MÁS AL PRI.
En mi última entrega, comenté para ustedes algunos detalles de la forma en que la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, que dirige VANESSA LÓPEZ CARRILLO, ejecutó lo que el pleno de los diputados le ordenaron hacer, establecido en el artículo 6° transitorio del decreto legislativo número 377 publicado por el ejecutivo del estado el pasado 22 de mayo de la presente anualidad.
Con meridiana claridad, señalé a quién se le asignaron los contratos y qué trabajo debería desempeñar cada uno de los beneficiados con dichos contratos, sin embargo, ahora toca revisar quienes son tales beneficiarios, de quienes se dice, tiene relaciones “comerciales” con el dirigente estatal del Partido del Trabajo REGINALDO SANDOVAL. Así que, veamos.
a). – Contrato de prestación de servicios celebrado con la empresa denominada “Diseños y Estrategias Especializadas Contra la Corrupción S.A. de C.V.”, representada por la Mtra. Paola Martínez Rodríguez, quienes llevaran a cabo las auditorías de cumplimiento y desempeño de los ejercicios 2020 y 2021.
b). – Contrato de prestación de servicios celebrado con “Grupo KMC-Keller y Cía., S.C.” representado por el C.P. C. Víctor Keller Kaplanska, quien llevará a cabo las auditorías financieras de los ejercicios fiscales 2021 y 2022.
c). – Contrato de prestación de servicios celebrado con el Despacho Jurídico representado por el Licenciado Rafael Francisco Ortiz de la Torre, quien llevará a cabo el acompañamiento jurídico hasta la conclusión de los procedimientos de fincamiento de responsabilidades a que haya lugar en términos del decreto legislativo en mención.
Ahora bien, resulta que la empresa señalada en el inciso a), denominada “Diseños y Estrategias Especializadas Contra la Corrupción S.A. de C.V.” y la empresa señalada en el inciso c), quien llevará a cabo el acompañamiento jurídico hasta la conclusión de los procedimientos de fincamiento de responsabilidades a que haya lugar en términos del decreto legislativo en mención, ¡son la misma empresa!
En efecto, en su página de internet http://deecc.com.mx señalan lo siguiente:
“DEECC es una empresa integrada por consultores especializados en derecho, administración pública y sector empresarial, cuya misión es ayudar a las organizaciones a ser más competitivas a través de soluciones eficientes. Nuestro equipo de profesionales posee un alto grado de compromiso con la calidad y satisfacción al cliente, trabajando en función de sus necesidades y en el mercado en el que se desenvuelve.
Somos una empresa certificada en ISO 37001:2016 y contamos con una Política Antisoborno, lo que garantiza que todos nuestros servicios son de alta calidad y se encuentran blindados bajo los más altos estándares internacionales contra el soborno.”
Sus oficinas “corporativas” están ubicadas en: Periférico Sur 4293, Piso 3, Colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México. Tel: 5541658044.
Por lo que se refiere a la empresa señalada en el inciso b), “Grupo KMC-Keller y Cía., S.C.”, en su página de internet https://www.gkmc.com.mx/ señalan que:
Grupo KMC Contadores Públicos es una firma constituida en México en el año 2000 por despachos diversos despachos con experiencia de más de 50 años en la profesión.
Somos una asociación de Firmas de Contadores Independientes con presencia en las ciudades más importantes de México razón por la cual nuestros clientes tienen a su disposición un grupo de profesionales capaces de prestar servicios de contabilidad, auditoría, impuestos locales e internacionales, tax compliance, precios de transferencia y servicios de soporte de administración del negocio.
Actualmente estamos conformados por un equipo altamente calificado, integrado por más de 300 profesionales distribuidos en las diferentes áreas de especialización de la contaduría pública, enfocados a brindar soluciones y a proporcionar servicios de calidad a nuestros clientes.
Como se trata de una empresa asociada a KMC, el adjudicado del contrato para llevar a cabo las auditorías financieras de los ejercicios fiscales 2021 y 2022, tiene su oficina corporativa en Presidente Masaryk # 101 Piso 13 Colonia Chapultepec Morales. C. P. 11570 México CDMX Tel: (00 52 55) 52 50 46 11 Fax: (00 52 55) 52 03 18 93 C. P. C. Víctor Keller Kaplanska, vkeller@keller-morison.com.mx, www.kmc.com.mx
¿CÓMO ANDA LA LEGALIDAD EN TODO ESTO?
Mi amigo el abogado GABRIEL MONTIEL lanzó esta interrogante: ¿Cómo se llama a quienes simulan actos jurídicos con el fin de obtener un lucro contrario a la ley? ¿Interesante no? Porque habría que establecer primero, si el congreso del estado tiene facultades para auditar a la Auditoría Superior de Michoacán, sobre todo, porque si el origen de los recursos con que opera la ASM, son de origen federal, no es su facultad.
La afirmación anterior, se funda en la respuesta que el Auditor Especial de Gasto Federalizado EMILIO BARRIGA DELGADO dio al Auditor Superior de Michoacán, en su ocurso de fecha 31 de mayo de la presente anualidad, cuyo texto se puede leer en la siguiente imagen, en el que se establece que el congreso de Michoacán puede hacer las revisiones que quiera, pero en tratándose de recursos federales, es facultad exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación.
Primera ilegalidad en este asunto, que no es la primera ni será la última en la que caerá el congreso estatal, de manera que, aunque se empecinen en hacer auditorías a la ASM, sus resultados no serán vinculatorios, pero, además, la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, aunque un decreto legislativo se lo ordene, carece de facultades para realizar auditorías, en todo caso, pudiera ser la Contraloría Interna del Congreso la facultada.
Al respecto, me permito recordarles a los señores legisladores, que ya una vez el congreso del estado intentó utilizar auditores externos y se realizó un millonario gasto, solo que todo, resultó inútil, pero no solo inútil, sino criminal el tirar a la basura millonarias cantidades, cuando nuestro estado tiene problemas más urgentes que resolver.
POR AUDITORÍA FORENSE, CONGRESO TIRÓ 150 MDP.
¿A qué me refiero? Pues a que los diputados integrantes de la 73 legislatura, mediante el decreto legislativo número 345, aprobado por el pleno de los diputados el 2 de marzo del 2017 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 6 de marzo del 2017, ordenó en su artículo Cuarto Transitorio, la realización de una “AUDITORÍA FORENSE” a la cuenta “cargos por Aplicar” durante el periodo 2003 al 2014 del gobierno de estado.
Para tal efecto, el congreso del estado gastó más de 150 millones de pesos, empero, cuando se entregaron los resultados por la empresa contratada, ésta señaló:
“El tipo de servicio que se prestó corresponde a los de auditoría en los términos establecidos en las bases aludidas, por lo tanto no fue un trabajo de Perito Experto Contable, por lo cual el uso de los reportes periódicos y final no es de carácter público, y en todo momento se informó al Secretario de Finanzas y Administración de los resultados y en su caso, si existen elementos de juicio suficientes para ampliar el trabajo de forma debida y desarrollar los procedimientos complementarios para la emisión de un informe en carácter de perito.”
Lo anterior, a pesar que en el decreto respectivo se ordenó lo siguiente: “En caso de que de dichos informes se desprenda la posible comisión de actos contrarios a la normatividad aplicable, se hará de conocimiento de las autoridades competentes, a fin de que se instauren los procedimientos administrativos, civiles, fiscales, penales o los que correspondan.”
Hoy, el congreso del estado a través de la Unidad de Evaluación de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, tiene la decisión de tirar a la basura, según dicha unidad de evaluación, al derredor de 15 millones de pesos en 2 auditorías de cumplimiento, 2 auditorías de desempeño, 2 auditorías financieras, todas para los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, así como un “acompañamiento jurídico”, a pesar de que sus resultados no serían vinculatorios.
También, se sabe que los contratos respectivos signados por la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, sin tener facultades legales para ello, adjudicados y firmados, se encuentran en poder la presidenta de la mesa directiva del congreso y aún no son del conocimiento legal de la Junta de Coordinación Política y ha trascendido que sus integrantes, la mayoría, tiene la intención de anularlos. Ojalá no se metan en otro problema legal.
¿PARA QUÉ QUIERE EL GOBIERNO EL PADRÓN DE ACREDITACIÓN LABORAL?
Mi amigo GABRIEL PRADO FERNÁNDEZ, en paz descanse, me decía que una de las exigencias más sentidas del gobierno del estado, era que el Instituto Mexicano del Seguro Social le entregara una copia del padrón de patrones que cotizaban a esa institución como cuotas obrero patronales, pero que la Junta de Gobierno del instituto les tenían prohibido terminantemente compartir esa información por contener datos relevantes que la ley obliga a reservarlos.
Y es que, para el gobierno estatal es muy importante saber cuántos patrones hay en el estado y cuántos trabajadores tiene cada patrón, pues esta simple información le permitiría saber quiénes deben de pagar el famoso impuesto del 3% a la nómina y su monto, pues al saber cuántos trabajadores tienen y cuánto les pagan, la recaudación fiscal se vuelve muy fácil.
Las intentonas son muchas, pero no lo han logrado. Ahora, se acaban de inventar la “Plataforma de Acreditación Laboral” que dice el señor secretario de desarrollo económico estatal CLAUDIO MÉNDEZ, es para que las empresas tengan mayor competitividad y acceso a mercados internacionales. Jajajajajaja, no se puede ser tan insulso para inventar esa patraña y más lo serán los empresarios que se inscriban en tal plataforma, se darán un tiro en el pie.
LA RENUNCIA DE OSORIO Y VARIOS MÁS AL PRI.
Este lunes, a nivel nacional se espera otro sisma al interior del Partido Revolucionario Institucional, pues los senadores MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, ERUVIEL ÁVILA, las senadoras CLAUDIA RUÍZ MASSIEU y NUVIA MAYORGA DELGADO, así como un grupo de ex gobernadores y ex dirigentes estatales, anunciarán su renuncia como militantes del tricolor.
Y es que, el dirigente nacional del PRI ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS alias “ALITO” y su pandilla, son una caterva de politiquillos impresentables, con los que no se puede ir a ningún lado. ¿Cómo se puede pedir el voto para un candidato priista, cuando se tiene una dirigencia corrupta, cuyos principios no son los mismos que los de la sociedad mexicana? Votar por un pillo como ALITO y su partido, es votar por seguir hundiendo a nuestro país.
