Por Javier Lozano
Millones de mexicanos hemos mostrado nuestra inconformidad por la toma de decisiones de los órganos “autónomos” electorales que, últimamente, nos hacen pensar que existe un conflicto de intereses.
Pese a que la oposición muestra su conformidad del papel que juega el árbitro electoral en posturas, incluso en determinaciones y decretos constitucionales, hay quienes fundamentamos que, en pleno ejercicio de la “autonomía”, hay excesos y extralimitaciones, lo mismo cancha desigual en los dictámenes de los consejeros electorales y de aquellos que encabezan el INE.
Cómo no recordar la etapa de la intransigencia en muchas candidaturas que fueron arrebatadas. Asimismo, algunos actores del legislativo han visto la necesidad inminente de dar un giro al paradigma electoral; como principio el INE sigue y seguirá siendo un organismo independiente con capacidad autónoma, aunque, con mecanismos de disposición que no generen una disputa de beneficios o provecho para desmantelar la legalidad con sanciones arbitrarias.
Y si en esa coyuntura hacemos un análisis sobre el decreto que emitió el legislativo federal aprobado para garantizar la divulgación en aras de la Revocación de Mandato, el INE vuelve nuevamente a buscar desprestigiar las determinaciones votadas, máxime cuando se trata de un ejercicio democrático donde, por ningún motivo, tiene capacidad de injerencia a cerca de la publicidad o propaganda que se avaló en mayoría siendo que es una norma legislativa.
Todo se enfoca en vísperas de un proceso histórico del país donde los pronósticos favorecen, claramente, la reivindicación del presidente López Obrador como mandatario legítimo. A raíz de ello, no es la primera vez que el INE contradice las determinaciones tomadas; han tratado, por muchas vías, de protagonizar una injerencia o intromisión en el que, únicamente, tiene capacidad de resolución un órgano jurisdiccional.
En otras palabras, el INE no tiene la capacidad para declarar asuntos de otra índole o naturaleza. Eso sigue demostrando, hasta éste momento, la urgente necesidad de reformar el organismo denominado autónomo, sobre todo porque su desempeño ha tenido criterios desiguales en un claro síntoma de la descomposición al interior de árbitro electoral que siempre ponemos en tela de juicio.
Por esa razón, hay que reconocer el trabajo de los Senadores de Morena que han defendido, desde todas las posturas, la legalidad del decreto que se aprobó. Están asumiendo un papel responsable para fortalecer los mecanismos de comunicación en aras del ejercicio democrático de la Revocación de Mandato, sobre todo para garantizar una divulgación que fomente la participación a fin de que supere las expectativas.
Notas finales
La que recibió gran respaldo de muchos legisladores y de su coordinador de la fracción de Morena, fue la propia Olga Sánchez Cordero luego de las versiones que han circulado acerca de una supuesta injerencia hacia el ex-consejero jurídico de la presidencia. Lo cierto es que, el asunto poco trascendental, es el efecto negativo que está provocando esta atmósfera hacia dentro del movimiento lopezobradorista siendo que, lo más significativo, es fomentar los debates sosteniendo el compromiso y la responsabilidad que se ha consolidado desde el Senado de la República con sus referentes que siempre anteponen la conciliación y el diálogo.
