Por Armando Saavedra
*CHOFER DEL MILLÓN. CON ESAS EXPLICACIONES…
*REVICTIMIZAR Y CRIMINALIZAR VÍCTIMAS.
En comunicación política, una parte importante del ABC de la comunicación, es la llamada “contención”, que es un conjunto de actividades que tienen por objeto detener una escalada noticiosa o de post en redes sociales, que tengan por objeto dañar o causar daño, sí no se controlan a tiempo y de buena manera.
Pues bien, la detención de JESÚS ALBERTO A. chofer del secretario ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública CÉSAR ERWIN CORIA SÁNCHEZ, en posesión de -al parecer- un poco más de un millón de pesos en efectivo y conduciendo un vehículo blindado propiedad del gobierno del estado, dinero que en el momento de su detención no logró justificar su procedencia ni destino, generó muchos “sospechosísmo” entorno de la administración estatal morenista.
Lo correcto como estrategia de “contención”, era que de inmediato, tanto el gobierno del estado como el propio secretario ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública se deslindaran de los hechos, negando que algún funcionario gubernamental tuviera que ver con el dinero, su origen y destino, dejando el esclarecimiento de los hechos a la fiscalía general de la república y listo.
Pero no, no saben desarrollar este tipo de estrategias y solo atinaron a guardar silencio, silencio que solo dio oportunidad a las especulaciones y a las conclusiones que dañarían la imagen -por cierto, muy jodida- del gobierno estatal y solo atinaron tres días después, producto de la presión mediática, a salir a dar pingues declaraciones, pero sin realismo, inverosímiles, de manera que nadie medio cuerdo les creyó.
Pero, además, ni siquiera se ponen de acuerdo en qué decirle a la sociedad que gobiernan, el gobernador FREDY RAMÍREZ por su lado le aventó la bolita a la FGR y solo atinaron en comunicación social a llamar a las redacciones de algunas publicaciones, para pedir que “bajaran” las notas relativas al evento. Vaya “contención”…
Por otro lado, el jefe de la política interna del estado, salió a los medios el mismo día que el jefe del ejecutivo estatal, para decir que el dinero que transportaba el chofer de ERWIN, era lícito, que fue producto de una operación de compra veta de maquinaria entre particulares, negando que tal chofer fuera identificado como empleado del gobierno estatal.
Ni el gobernador, el secretario, ni comunicación social, tuvieron reacciones acertadas, como respuesta al problema que planteaba un evento de esa magnitud, pues lo que atinaron a hacer cada uno de ellos, solo ocasionaron que las especulaciones aumentaran y las sospechas se dirigieran a la cabeza del ejecutivo estatal, pues dieron la impresión de querer tapar el sol con un dedo y solo por falta de experiencia y asesoría profesional.
¿Cómo que una operación entre particulares? Y entonces, ¿Qué hacía un empleado gubernamental en un vehículo oficial transportando dinero de particulares? Y ¿Los particulares podemos disponer a nuestro antojo de los recursos del estado, para transportar nuestro dinero y valores? Ahora, enderezar en entuerto les va a costar más trabajo y credibilidad.
Solo para ilustrar una posible causa del silencio gubernamental aparte del presunto compadrazgo de CESAR ERWIN con el gobernador del estado FREDY RAMÍREZ, pues el hoy titular del Secretariado Ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública, es primo hermano de ELI CORIA SALAS, quien es actualmente Delegado Administrativo en la Secretaría de Seguridad Pública, y primos hermanos a su vez de HUGO GAMA CORIA, Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, pues todos ellos trabajaron toda la administración de SILVANO. Estos tres honorables funcionarios públicos, controlan las compras millonarias del gobierno del estado en materia de seguridad. Traen buena escuela, pues son incondicionales de ELOY VARGAS.
A ELI CORIA, apenas hace dos meses en el estado de Guanajuato lo agarraron igual, en una camioneta blindada propiedad del gobierno del estado y con una fuerte cantidad de dinero en efectivo, solo que días después del hecho, se supo que quien le quitó la camioneta blindada y el dinero, fue un grupo delincuencial que opera en ese estado.
REVICTIMIZAR Y CRIMINALIZAR VÍCTIMAS.
Dos sucesos recientes son los ejemplos más cercanos, para comentar los casos, en que no solo la autoridad sino la sociedad misma, criminalizan víctimas de delitos de alto impacto, como una forma de justificar su incompetencia en la investigación de crímenes, provocando un re victimización de quienes fueron objeto de esas conductas criminales.
El pasado domingo, los cuerpos de seis personas fueron encontrados en la batea de una camioneta abandonada, a la orilla de la carretera Morelia-Cuitzeo a la altura del retorno hacia la localidad de San Agustín del Maíz. Identificados los cuerpos, se pudo saber que los seis eran originarios de capacho, municipio de Cuitzeo y que “iban a un baile”.
Las autoridades, sin meditar, dijeron a los medios de comunicación que la ejecución de las seis personas eran producto de que Capacho, su lugar de residencia, era una zona “guachicolera” y seguramente los fallecidos eran parte de alguna banda dedicada al robo del combustible y que su ejecución podría deberse a diferencias entre grupos delincuenciales guachicoleros.
Hoy, en los velorios y sepelios, se pudo saber que la mayoría de ellos, era gente de bien, que no iban a ningún baile, que un grupo delincuencial los levantó al azar, que algunos eran estudiantes y otros campesinos y trabajadores de la construcción, sus vecinos aseguran que no se dedicaban a actividades ilícitas o que hicieran o tuvieran algo que implicara actividades de esa índole.
En Cosoleacaque Veracruz, asesinaron a dos periodistas, sin embargo, la autoridad “filtró” un par de grabaciones, en las que una de las voces que en ellas intervenía, presuntamente pertenecían a una de la comunicadoras asesinadas, tratando de demostrar con tales audios, que una de ellas trabajaba bajo las órdenes de un líder delincuencial.
Obvio, la filtración de tales grabaciones, tuvieron el objetivo de justificar rápidamente, que al menos una de las comunicadoras asesinadas, se dedicaba de manera paralela a prestar algún servicio a un grupo delincuencial y con ello, demostrar que su homicidio fue consecuencia de sus actividades ilícitas y no del ejercicio profesional del periodismo.
En ambos casos, la criminalización de las víctimas de homicidio doloso, tiene por objeto demostrar falsamente a la sociedad, que son las actividades ilícitas de los fallecidos, las causas de su ejecución, tratando con ello, relevar a la autoridad de la responsabilidad de otorgar seguridad a los ciudadanos e impedir que esos grupos delincuenciales ejecuten sus vendettas impunemente.
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