A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS
AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL ESTADO MEXICANO
K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo de los pueblos originarios de la entidad, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por 80 pueblos p’urhépecha, otomí o hñahñú, matlazinca o pirinda, nahuatl y afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:
Para los pueblos originarios, defender el territorio, resguardar los bosques y cuidar los lagos y ríos ha tenido un precio de sangre, durante más de una década las comunidades hemos denunciado sistemáticamente el cambio ilegal de uso de suelo, el robo de agua, la tala inmoderada y los ataques del crimen organizado. Tan solo en los últimos cuatro años, 20 integrantes de los cuerpos de seguridad tradicional, las Rondas Comunales, han sido asesinados. El crimen organizado es el brazo armado de la deforestación, las organizaciones criminales atacan a las comunidades porque quieren controlar los recursos naturales, administrar el robo de agua, dirigir la tala irracional de bosques e iniciar la habilitación de nuevas tierras para el aguacate.
Son las comunidades, no la industria rapaz, las que conservan lo que aún nos queda de bosques, es en nuestros territorios donde respiran los ecosistemas, en contra parte, la industria exportadora continúa sin pagar el costo ambiental, ni mucho menos social que ha impuesto desde hace décadas, grandes empresarios estatales y trasnacionales compraron extensiones forestales a precios muy por debajo de su valor real, las deforestaron ilegalmente y han quedado impunes.
En este contexto, el Gobierno Federal estableció el pasado 26 de mayo un Acuerdo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) donde crea el llamado “Certificado de Libre Deforestación”, el cual es totalmente una contradicción, toda vez que la propia SEMARNAT ha reconocido públicamente que en los últimos 20 años no ha otorgado ninguna autorización de cambio de uso de suelo de forestal a frutícola en la entidad. Esto significa en términos prácticos que todo lo deforestado antes de 2019 queda automáticamente absuelto y lo que se taló después podrá regularizarse administrativamente sin resarcir ningún tipo de recuperación de ecosistemas dañados. No hay restauración ambiental, no hay reparación a las comunidades y no hay rendición de cuentas, únicamente impera un proceso administrativo que legaliza años de impunidad ambiental.
Por estas graves transgresiones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, nos reservamos el derecho de presentar los recursos jurídicos que consideremos necesarios,
para evitar que la legalización del aguacate no sea un instrumento para olvidar los crímenes y abusos cometidos en nuestros territorios, así como la impunidad ambiental.
TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI
JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM
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