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25 junio, 2024
PRESENCIA DE MICHOACÁN

Diputada local denuncia a personal de la FGE

 

En Público

Por Sergio Torres Delgado

 

El 9 de noviembre pasado, una legisladora local, Eréndira Isauro Hernández, denunció a través de Facebook (erendiraisauro) que sufrió los abusos de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes -portando armas- la detuvieron de manera injustificada en el tramo Morelia-Pátzcuaro. Con dicha experiencia, se pudo percatar del actuar del personal de esa institución pública y de cómo la población en general, sin cargo ni fuero, está expuesta a diario a ese riesgo.

Como dijo la diputada, afortunadamente ella tuvo forma de tener “contacto” con la Fiscalía para evitar un incidente lamentable, pero qué hay de los demás. Ese es el punto.

Por una parte, queremos creer que el Fiscal, Adrián López Solís, es un servidor público recto, lo mismo que una considerable parte del personal de ese organismo, sin embargo, lamentablemente también es cierto que muchos de sus integrantes se empeñan en mostrar el rostro más desagradable a través de tropelías contra la población civil. ¿Vendría bien una limpia de la FGE para beneficio no solamente del titular de la dependencia, sino de la sociedad misma?

Discriminación del IEM contra candidata

Hay que decir que la diputada Eréndira Isauro también ha sufrido discriminación por parte del Instituto Electoral de Michoacán por el simple hecho de ser originaria de un pueblo indígena. Así lo denunció el 8 de octubre en el marco del Primer Encuentro de Mujeres Indígenas, organizado por el organismo autónomo, cuando refirió ser relegada al momento de acudir a registrarse como candidata por el distrito 5 de Paracho.

Así como en su momento fue presidido por María de los Ángeles Llanderal -una gran mujer, profesional y humana- y por Luis Sigfrido Gómez Campos -un servidor público honesto y de una sola pieza-, hoy el IEM tiene la oportunidad de corregir el rumbo con un profesional con tacto y prudencia como Ignacio Hurtado Gómez, para dejar atrás los tiempos de escándalo, sombras de corrupción, ineptitud y prepotencia de Ramón Hernández Reyes y Humberto Urquiza Martínez, quienes cobijaron a personal que incluso hoy continúa dentro del órgano administrativo electoral replicando las prácticas de sus vergonzosos modelos.

Algunos de ellos recibieron observaciones por parte de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), como lo mencionó en su momento Magaly Medina Aguilar, al ser cuestionada por algunas exconsejeras electorales.

Ignacio Hurtado tiene la oportunidad de investigar la denuncia de la diputada morenista y actuar en consecuencia, como él mismo lo señaló durante el evento.

Lujos y frivolidades de exgobernadores

El pasado miércoles 10 de noviembre el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla anunció que se abstendrá de habitar la Casa de Gobierno durante su mandato y, de paso, permitió un recorrido de los representantes de los medios de comunicación por dicha sede, con el fin de constatar el lujo y la frivolidad en la que han vivido los anteriores mandatarios, no únicamente Silvano Aureoles Conejo, aunque a este último se le atribuye haber realizado una inversión millonaria para convertirla en un búnker.

No tardó mucho Aureoles Conejo en desmentir al día siguiente a través de su cuenta de Twitter (@Silvano-A), asegurando que no se trataba de un búnker y que no le hizo “ni un solo arreglo” en los tres años que estuvo viviendo ahí, aunque el portal Mimorelia.com asegura poseer copia de un contrato por 12 millones de pesos para “ampliación, mejoramiento y rehabilitación y equipamiento de instalaciones deportivas, así como de recreo y atención al público, además del helipuerto en Casa de Gobierno”.

Llama la atención que Aureoles Conejo rechazó dicha información, pero nada mencionó cuando se reveló el contrato por 2 mil 700 millones de pesos por los servicios de espionaje, contratados con el prófugo de la justicia Víctor Manuel Álvarez Puga.

Territorios perdidos: Tarecuato

Ocurrido el 18 de octubre pasado, no debemos dejar en el olvido y menos dejar de condenar el asesinato de 11 pobladores de Tarecuato, en el municipio de Tangamandapio, seis de ellos casi niños, como bien lo refirió la colega y amiga Rosamaría Sánchez Rincón el 10 de noviembre (Día de Asueto: La matanza de Tarecuato).

La pasividad ante este tipo de atentados contra la población civil, incluido el de Tepalcatepec, ya no es permisible y lo peor que puede suceder es que la impunidad prevalezca por encima de la justicia. Desde hace varios sexenios, el Estado, representado por sus diferentes órdenes de gobierno, ha ido perdiendo territorios que debe recuperar para sus gobernados y para vivir en un verdadero estado de derecho.

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