El transporte es un servicio público y no una moneda de cambio

• Perversas argucias para desaparecer concesiones
• Cancelar no significa reasignar automáticamente

Dirigentes de la Comisión Reguladora de Transporte en Michoacán (CRTM), que lidera José Trinidad Martínez Pasalagua, denunciaron que, “el gobierno estatal, con perversas argucias pretende cancelar concesiones de transporte de servicio público como si fueran monedas de cambio político y otorgarlas a sus afines”.

En su reunión semanal, los dirigentes de ruta y su líder, analizaron que el propio gobierno reconoció que existe saturación del servicio y, “le dimos la razón por la entrega indiscriminada que han hecho desde el gobierno del estado para pagar favores político electorales”.

Refirieron que, la saturación del servicio fue reconocida en un Dictamen publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el pasado 31 de diciembre de 2025 donde también establece que no se pueden entregar concesiones sin demostrar la necesidad además de que cancelar, no significa reasignar automáticamente.

Ante esta situación, recordaron que la Ley de Movilidad sí contempla la suspensión, revocación y cancelación de concesiones, pero únicamente por causas expresamente determinadas y mediante un procedimiento administrativo que señalan los artículos 354, 355 y 356 de la misma los que establecen los supuestos de suspensión, revocación y cancelación entre los que se encuentran:

No iniciar el servicio dentro del plazo legal, suspender el servicio durante más de siete días por causas imputables al concesionario e incumplir las condiciones y los tiempos establecidos en el título de concesión, convenio o contrato además de que, el Reglamento obliga a notificar personalmente al concesionario, permitirle defenderse, ofrecer, desahogar pruebas y emitir una resolución debidamente fundada y motivada.

En consecuencia, una concesión no puede cancelarse mediante una lista, una decisión verbal, una amenaza o un simple movimiento en el padrón y mucho menos puede retirarse a una persona para entregársela automáticamente a otra.

La autoridad como el gobierno del estado a través del Instituto del Transporte, no pueden borrar de un “plumazo” un nombre del padrón y colocar otro y cancelar una concesión no crea un derecho automático a favor de un tercero ya que, para otorgar una concesión distinta, se tiene que acreditar nuevamente la necesidad pública y cumplir con el procedimiento legal, explicó en su momento Martínez Pasalagua.

Y añadió que, aunque el Reglamento señala que, después de una cancelación válida, el Estado podrá continuar el servicio directamente o mediante una concesión o permiso distinto, esto no autoriza una entrega directa a personas escogidas anticipadamente ya que el nuevo otorgamiento debe respetar los estudios, la declaratoria, la convocatoria, la igualdad de oportunidades y la transparencia.

Finalmente dijo que por lo anterior la CRTM, advierte que el Gobierno del Estado no puede utilizar la cancelación de concesiones como un mecanismo para retirar derechos a transportistas y posteriormente entregar placas o concesiones a personas previamente seleccionadas.