Dirigió un documento a la Secretaria Rocío Pineda Gochi para dejar clara su completa negativa y desacuerdo con el oficio SAF/1541-35/2022
La Diputada Margarita López Pérez exigió a la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado que se cubra de manera inmediata el pago de la nómina al personal de confianza del Poder Legislativo, asimismo, solicitó un informe detallado del nombre, cargo y por quienes fueron propuestos para ocupar los espacios directivos.
Dirigió un documento a la Secretaria Rocío Pineda Gochi para dejar clara su completa negativa y desacuerdo con el oficio SAF/1541-35/2022, que recibió con fecha 28 de julio del año en curso, por las siguientes dos razones: “No anexa copia certificada del supuesto acuerdo de fecha 23 de junio de 2022, tomado por algunos de los integrantes de la Junta de Coordinación Política y el Comité de Administración y Control; por lo que desde este momento le solicito, en un plazo no mayor de 24 horas, me proporcione copia certificada del mismo”.
Manifiesto un rechazo enérgico a cualquier intento de prácticas oscuras, ilegales, irregulares y violatorias a los derechos laborales y humanos fundamentales al personal de confianza de este Congreso, por lo que “desde este momento la hago a usted responsable, dejando a salvo mis derechos como legisladora y la de mis compañeros trabajadores, para proceder en su contra en la vía legal correspondiente, si el pago de la nómina no se dispersa a la brevedad”.
Toda vez, continuó, que la nómina correspondiente al periodo del 15 al 31 de julio de la presente anualidad debió pagarse a más tardar el día de ayer, por lo que al día de hoy 1 uno de agosto “se están reteniendo de forma ilegal e indebida las prestaciones laborales del personal comisionado a mi cargo, los cuales fueron trabajados y devengados, violando un derecho fundamental establecido en los artículos 5 y 123, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Destacó que es “importante recalcarle que la retención del pago del salario es susceptible de suspensión, ya que el pago del salario es un derecho fundamental, por lo que nadie puede y debe ser privado del producto de su trabajo, si no es por resolución judicial y solo podrá retenerse el salario en los supuestos previstos en la Ley; bajo esta tesitura la retención ilegal del salario es susceptible de suspensión dado que puede causar daños a los trabajadores de difícil reparación por que se les dejaría en un estado de vulnerabilidad económica”.
Puntualizó que dicho Acuerdo “jamás me fue entregado y de manera oficial desconozco su contenido”, por lo que “los desconozco y le exijo que los derechos de los trabajadores estén protegidos y garantizados. Cabe señalar que lo que se conoce del mismo, es por lo que en los medios de comunicación se ha dicho y debo señalar que de ser cierto, es evidente que se atenta gravemente contra los derechos laborales y humanos de los trabajadores al servicio del Congreso”.
Advirtió la Legisladora que “no estoy de acuerdo en lo que se me pretende ordenar y tampoco en el manejo que se le están dando a los recursos, deben transparentarse; por lo tanto, solicito la lista del personal adscrito a cada oficina de los 40 diputados, así como su categoría y sueldo, así como informe detallado de quien o quienes son o fueron asignadas las propuestas de los espacios de estructura designados al Congreso, es decir, quienes propusieron a cada uno de los espacios de la estructura, desde Jefatura de Departamento, Direcciones y Direcciones Generales”.
Incluso, Margarita López consideró que ante los acontecimientos y malos manejos de los recursos denunciados en los medios de comunicación, es pertinente solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que intervenga y realice una auditoría a las finanzas de este Poder.
Por último, le pidió copia del personal adscrito al Congreso del Estado y en qué áreas están, así como informe de cuántas personas se han despedido en esta Legislatura. De este documento se envió copia a los integrantes de la Junta de Coordinación Política y el Comité de Administración y Control y la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, así como a la Auditoría Superior de la Federación.
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