° La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exigió derogar a través del Legislativo el delito de ultraje.
Por Javier Lozano
Veracruz se ha convertido en el epicentro de la desigualdad en materia de procuración de justicia. Eso ha resaltado luego de que se exhibió públicamente el estilo o, mejor dicho, el abuso de autoridad cuando seis jóvenes fueron acusados del delito de ultraje.
De la mano iban acusaciones de que los jóvenes pusieron en peligro la integridad física de los agentes de seguridad. Eso es, técnicamente comprobable, una fabricación alejada totalmente de una realidad que sólo se construye en la justicia local de Veracruz.
Ni siquiera pusieron en peligro a los agentes, y no hubo resistencia de los adolescentes. Fue una fabricación que no sólo puso tras las rejas injustamente a seis jóvenes, sino que recurrieron a defender un delito inconstitucional con el fin de justificar cientos de detenciones que siguen sujetos a proceso.
De hecho, está semana la comisión del Senado recibió más de 50 imputaciones similares. Una lista de quejas y denuncias de abuso de autoridad en Veracruz; eso nos confirma dada la grave situación que, en aquella región, no sólo hay detenciones irregularidades, sino también presos políticos.
Por fortuna, un grupo de legisladores y diversas asociaciones colectivas siguen denunciando, luego de que se destapó la caja de Pandora, las irregularidades. Gracias a ello, implicó que diversos mecanismos y recursos se pongan en marcha.
Entre ellos, una queja estratégica a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quienes, incluso, ya se pronunciaron públicamente en contra del delito de ultraje por ser un abanico extenso que llevó a cabo un sinfín de violaciones a los derechos.
El ejemplo más claro fue, sin lugar a dudas, los seis jóvenes detenidos. Se puede confirmar que, la CNDH fue desde la perspectiva justa, una plataforma para demostrar o, mejor aún, desnudar los atropellos que siguen siendo, hasta hoy en día, una de los grandes flagelos que pone en riesgo el derecho a disentir.
En el caso de Veracruz, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exigió derogar a través del Legislativo el delito de ultraje.
A partir de ello, eso significa un triunfo a la democracia. También, se abre la puerta y la esperanza para que cientos de presos recuperen su libertad luego de ser ligados a la misma intransigencia de la autoridad local con una categoría, eso sí, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A Cuitláhuac García no le quedó más que aceptar y reconocer la recomendación del organismo autónomo.
Así pues, políticamente fue un golpe durísimo que pone en evidencia la ingobernabilidad; este tipo de violaciones ya habían sido expuestas una y otra vez, sin embargo, a diferencia de otras entidades, Veracruz recrudeció el autoritarismo intolerante y rígido que no sólo indignó a la población en general, sino que pusieron en peligro el esfuerzo en materia de justicia social de parte del presidente.
No obstante, no sé cuál vaya a ser la actitud del Gobernador Cuitláhuac García. Si bien aceptó, hay riesgo de que se endurezca la postura. Esa opción puede estar latente, sin embargo, no hay duda que, estos hechos, se fortalecen con la política de ayuda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Ese parece ser, hasta este momento, el canal que contenga el impulso de furia.
A raíz de eso, se abre el compás más allá de que la acusación injusta a José Manuel del Río Virgen fue irracional, para que muy pronto tenga buenas noticias.
Salvo que pase algo extraño, no tengo duda que, una vez que concluya la investigación de la CNDH, dará la razón a los fundamentos de la comisión especial para el caso del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política quienes han concluido que, a fin de cuentas, no hay pruebas más que conjeturas y oídas, es decir, nada.
Hoy, a casi un mes de la ignominia a José Manuel del Río Virgen, crece la esperanza de justicia para su libertad.
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