- Recordó que a nivel nacional, la CNDH publica un padrón de servidores públicos sancionados, y a nivel local, la CEDH anunció que a partir de junio se contará con uno similar en Michoacán
Es necesario que la Ley prevea un padrón de funcionarios violentadores de derechos humanos en Michoacán, subrayó la diputada perredista Julieta Gallardo Mora, integrante de la Representación Parlamentaria de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada por el Distrito de Puruándiro recordó que a nivel nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publica un padrón de servidores públicos sancionados, mientras que a nivel local, la Comisión Estatal anunció que a partir del mes de junio Michoacán contará con un padrón de funcionarios públicos y actores políticos sancionados por violaciones recurrentes a las garantías individuales de los ciudadanos en la entidad.
“Las cientos de recomendaciones que emite la comisión son abusos por parte de los funcionarios, y muchos de ellos presentan reincidencia, siendo los más señalados los funcionarios municipales, las instancias de seguridad pública estatal y municipal, así como los de salud pública y educación”.
Julieta Gallardo abundó que las quejas más recurrentes en cuanto a los servicios básicos y seguridad suelen dirigidas a los Ayuntamientos: el de Morelia recibió un total de 79 quejas; Zitácuaro con 28; Apatzingán con 27; Irimbo 21; Uruapan con 18; Zamora 17; Lázaro Cárdenas con 12 y Pátzcuaro con 5 señalamientos.
“En este caso, resalta el gobierno municipal de Morelia como el punto con mayor cantidad de quejas en Michoacán, muchas de ellas fueron por la operación de los alcoholímetros y filtros policiales, considerados por la CEDH incluso fuera de la normativa”.
Frente a ello la legisladora prevé proponer una reforma a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso para que la Cámara sea aliada de los ciudadanos y asuma su responsabilidad en el combate a la corrupción y a favor de la transparencia, de manera que ahora, se tenga que publicar esa lista que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos pero además deba nutrirse con los nombres de los diputados observados por la Auditoría Superior del Estado.
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