Se debe garantizar acceso a información y justicia de personas con discapacidad: Víctor Zurita

-En el marco del Día Internacional de la Audición, el diputado presentó una reforma de Ley para establecer la obligación de toda autoridad a contar con intérpretes de Lengua de Señas Mexicana

Es fundamental garantizar que las personas con discapacidad tengan un adecuado y oportuno acceso a la información y acceso a la justicia, subrayó el diputado Víctor Zurita Ortiz, presidente de la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

En el marco del Día Internacional de la Audición, el legislador presentó ante el Pleno del Congreso una iniciativa para reformar la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado, para establecer la obligación de toda autoridad a contar con intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.

“Los diputados, como representantes ciudadanos, debemos reconocer nuestra inalienable responsabilidad de garantizar el derecho de las personas con discapacidad a ser incluidos dentro de todos los planes de acción y políticas públicas del gobierno para lograr la accesibilidad, igualdad de oportunidades y la participación e inclusión plena y efectiva de todos los sectores en la sociedad”.

Desde la Máxima Tribuna del estado, el legislador integrante del Grupo Parlamentario de Morena recalcó que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como gobiernos municipales y órganos autónomos deben realizar los ajustes razonables y necesarios para que en todos los eventos de orden público que realicen, cuenten con intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.

“También es necesario garantizar que las instancias de administración e impartición de justicia, cuenten con la disponibilidad de los recursos para la comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para la atención de las personas con discapacidad en sus respectivas jurisdicciones”.

Víctor Zurita recordó que cuando una persona con discapacidad no puede acceder a una adecuada defensa o el mismo Estado limita su capacidad jurídica al no realizar lo necesario para gozar de su derecho a la justicia, acceso a la información o bien, de participar plenamente en la comunidad sin discriminación y sin una adecuada accesibilidad, es muy probable que se vea imposibilitada para ejercer cualquier derecho.