• La hemodiálisis o diálisis peritoneal deben tener atención prioritaria

A propuesta de la diputada Julieta Hortencia Gallardo Mora, el Pleno del Poder Legislativo aprobó exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud y de los titulares del IMSS y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se diseñe e implemente, en colaboración con el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, un Plan de Atención de Pacientes con enfermedad renal crónica que se encuentran en tratamiento sustitutivo con hemodiálisis o diálisis peritoneal.

Las y los diputados de la 75 Legislatura dijeron velar por los enfermos renales de manera prioritaria; por ello, exhortaron al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para que se cumpla efectivamente lo establecido en la Ley de Salud del Estado de Michoacán en sus artículos 262, 263, 264 y 265, los cuales establecen que la Insuficiencia Renal es una enfermedad de atención prioritaria.

El exhorto aprobado en sesión ordinaria establece que, de acuerdo a cifras reportadas en 2016 por la Fundación Mexicana del Riñón, se tenían entre ocho y nueve millones de personas con insuficiencia renal en México, 109 mil personas con Insuficiencia Renal Crónica y cerca de 60 mil personas con tratamiento sustitutivo de la función renal (ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis).

Ante la falta de políticas públicas en el sector salud que permitieran prevenir y atender tal problemática, ha permitido que este padecimiento tuviera un rápido crecimiento en los últimos años un 11 por ciento anual, llegándose a duplicar la incidencia de nuevos casos en la población mexicana como lo reporta un estudio comparativo del Sistema de Datos Renales de Estados Unidos (USDRS), precisa el Punto de Acuerdo.

Asimismo, se destacó que el INEGI ha reportado que actualmente la Insuficiencia Renal es la quinta causa de muerte más importante entre la población mexicana, ya que anualmente mueren cerca de 12 mil personas por complicaciones derivadas de la insuficiencia renal, aunado a la pobreza y desigualdad que se vive en México, y si las personas con este padecimiento no tienen seguridad social, tendrían que pagar por los servicios de diálisis y hemodiálisis entre 10 a 12 mil pesos mensuales durante el resto de su vida.

Finalmente, las y los diputados locales puntualizaron que, ante cualquier escenario, una enfermedad de este tipo daña severamente la economía de muchas familias; por lo que, es necesario velar por la vida de mujeres y hombres que están luchando por sobrevivir.